Carmona

El fiscal denuncia al ex alcalde y siete ediles por conceder una licencia ilegal

  • El Ministerio Público considera que autorizaron las obras en contra de tres informes técnicos.

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra el ex alcalde de Carmona Antonio Cano Luis (PSOE) y otros siete concejales socialistas, a los que atribuye presuntamente un delito de prevaricación en relación con la concesión de una licencia ilegal para las obras de urbanización y saneamiento de la urbanización Las Monjas.

 

La querella se dirige en concreto contra el ex alcalde y los concejales Eduardo Rodríguez Puerto, José Miguel Acal Fernández, Antonio Fernández Blanco, Trinidad Luisa Saas de los Santos, Dª María del Carmen González Ortiz, Dª Ana María López Osuna y Dª María de los Ángeles Iglesias Rodríguez, de los cuales estos tres últimos siguen siendo actualmente ediles adscritos al grupo socialista en el Ayuntamiento.

El caso fue denunciado en marzo pasado por una propietaria de la urbanización Las Monjas que, entre otros aspectos, sostenía que la licencia se había dado supuestamente de manera injusta, contra los informes negativos del arquitecto municipal, del secretario municipal, y de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía explica que un informe técnico del arquitecto municipal de la oficina de gestión de urbanizaciones de fecha 12 de febrero de 2010, en el que se les indicaba que el suelo era urbano no consolidado; que carecía de las infraestructuras básicas exigidas en la normativa urbanística y en las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad; que era necesario antes de esa licencia tramitar un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y que solamente estaba inicialmente aprobado -ni siquiera de manera provisional- por el Ayuntamiento; que después sería preciso aprobar un Proyecto de urbanización. Ese informe concluía que la licencia pretendida era "inviable" pues las obras que solicitaba la comunidad de propietarios no eran provisionales en el sentido jurídicamente relevante de ser fácilmente desmontables, por cuanto eran de gran enjundia y baste atender a que estaban presupuestadas en 922.619 euros, explica la Fiscalía.

Otro informe de la Consejería de Obras Públicas insistía en que "no concurrían los requisitos exigidos por la legislación urbanística para poder otorgar la licencia provisional de ejecución de las obras solicitadas".

 

Un tercer informe jurídico sobre la licencia provisional e obras y abastecimiento, hecho por una técnico municipal el 4 de noviembre de 2010, se remitía literalmente al informe del arquitecto y concluía "sin matiz de ninguna clase que la licencia para obras provisionales sería ilegal por no ajustarse a la LOUA ni al Reglamento Andaluz de Disciplina Urbanística".

 

La Fiscalía advierte igualmente de que un tercer informe de la Diputación de Sevilla se pronunciaba "en términos algo ambiguos, pues si bien parecía justificar la excepcionalidad con alusión a un poco razonado principio de proporcionalidad, terminaba reconociendo que las obras proyectadas no podían considerarse provisionales por su vocación definitiva".

Para la Fiscalía, a pesar de la "claridad de los informes técnicos y jurídicos advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia para legalizar algo incompatible con la ley, la junta de gobierno local constituida por los querellados, sin justificar siquiera por qué se apartaba del claro criterio de los técnicos y de la normativa legal y reglamentaria, en sesión ordinaria de 5 de noviembre de 2010 pero -como se dijo- por vía de urgencia, concedió la licencia. Ello con el voto favorable de todos los querellados, conscientes de la arbitrariedad de su decisión de autorizar obras totalmente incompatibles con la normativa vigente", sostiene el fiscal.

 

Como consecuencia de la "licencia ilegal", los promotores ejecutaron infraestructuras de saneamiento, zanjas para abastecimiento de aguas, y su posterior tapado, además de obras de explanación; afectaron viales de la urbanización. A pesar de su "evidente carácter definitivo y no provisional", no han sido demolidas a 3 de julio de 2014.

 

A esa misma fecha, el PERI de la urbanización Las Monjas no está aún definitivamente aprobado, y sigue en el estado de aprobación provisional desde el 24 de septiembre de 2010. En consecuencia y conforme a informe técnico municipal sigue siendo "incompatible  con el planeamiento vigente de Carmona".

 

La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación, del que serían autores el ex alcalde y los ediles, aunque el Ministerio Público considera que por el momento no hay indicios “bastantes de criminalidad contra quienes solicitaron y obtuvieron la licencia, ni contra los representantes de la comunidad de propietarios respecto a la aplicación de los fondos de ésta”.

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