El colectivo de vecinos de Arahal que posee chalés ilegales en parcelas no urbanizables llevará a cabo hoy una manifestación en el municipio para exigir una solución a la situación en la que se encuentran casi 5.000 viviendas edificadas al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La movilización se produce después de tres sentencias firmes de derribo. Un total de 240 vecinos están imputados por la Justicia.

El portavoz del colectivo, Luis González Luna, informó ayer que la manifestación partirá a las 19:30 en el recinto ferial y llegará hasta el Ayuntamiento, cuyo gobierno local (IU-Independientes) ha mediado ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en un intento por legalizar estos inmuebles, que el propio González Luna reconoce como "ilegales". "Construíamos como todo el mundo. Uno no sabe lo que es la Ley", dijo.

El gobierno local ha contabilizado hasta 1.500 construcciones ilegales, pero González Luna asegura que son casi 5.000. "Sólo una de las urbanizaciones tiene casi 800 casas", ejemplificó. "Queremos un proceso de legalización" como el que, según consideró, se está planteando en Marbella y en Castilblanco de los Arroyos. Los inmuebles se ubican en las urbanizaciones de Santa Ello, San Francisco-La Matilla, Pago Redondo, Pago Redondo-Miraflores, El Mantequero, El Recreo de la Lapa, El Rondón, La Banda, La Jareta, La Victoria y Villa de los Caquis, Valleverde, Los Claveles, Olivares Arenal Gordo, La Molinilla, Santo Cristo y El Saltillo.

También para tratar el problema de las viviendas ilegales, el alcalde de Castilblanco, Segundo Benítez (PSOE), explicó ayer que se ha reunido con los propietarios de la urbanización Las Minas para iniciar los trabajos de regularización en algunas zonas en la que, según defiende el Consistorio, ello sería posible. En el municipio se han detectado más de 500 construcciones ilegales, la mayoría en Las Minas. Benítez ha comunicado a los vecinos que el Ayuntamiento y la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta van a elaborar un inventario ofreciendo medios y asesoramiento para su legalización con el nuevo PGOU, que a la vez, sienta las bases para evitar nuevas edificaciones en suelo no urbanizable.

"Hemos pedido a estos vecinos que trabajen de forma activa con el Ayuntamiento, con el fin de que no se abran más expedientes sancionadores ni se produzcan más derribos de los que ya cuentan con una sentencia firme", subrayó el regidor socialista.