La hora de las reclamaciones y los planes de ajuste

Los consistorios tienen quince días para responder a los que exijan la inclusión de sus facturas.

T. P.

22 de marzo 2012 - 05:03

Los ayuntamientos tienen quince días de plazo para responder a las solicitudes de certificados individuales que presenten los proveedores cuyas facturas no hayan sido incluidas en el lote que se ha elevado ya a Madrid. De no haber respuesta, se entenderá que ésta es positiva. En el modelo elaborado para que los empresarios puedan pedir estos certificados individuales se debe especificar, además de todos los datos de la empresa, el número identificativo de la factura y la fecha de entrada por registro, que debe ser anterior a 1 de enero de 2012, si se ha exigido su pago en los juzgados o si tiene algún tipo de acuerdo con el ayuntamiento para ir cobrando de forma fraccionada.

El modelo fue publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto al esquema que los ayuntamientos deben seguir para elaborar el plan de ajuste, al que también les obliga el Gobierno central, para afrontar los nuevos créditos.

Entre otras posibilidades para aumentar ingresos y recortar gastos, se proponen medidas fiscales (subida de tasas, más inspecciones y eficacia en la recaudación) y que afectan a las actuales plantillas municipales, como bajada de sueldos y del número efectivos; reducción de consejeros en las empresa públicas, regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral en proceso o reducción del personal de confianza de acuerdo con el tamaño del municipio. También se insta a la disolución de empresas con pérdidas y a la reducción de la estructura organizativa de las administraciones locales. Los interventores deben presentar estos planes de ajuste individualizados antes del 31 de marzo.

Mientras que desde el PSOE se apunta a que todo ello mermará los servicios y el empleo público en favor de la empresa privada, desde el PP se pone el acento en que en los últimos años han desaparecido en la provincia de Sevilla 5.000 empresas, el 20% de las cuales se podría haber salvado si medidas como esta para que las administraciones públicas se pongan al día en los pagos se hubieran puesto en marcha antes.

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