En El Coronil no sorprende que pululen por el pueblo periodistas haciéndose eco de protestas y movilizaciones. Con 5.000 habitantes es, con Marinaleda, cuna del Sindicato de Obreros del Campo, con más de 700 vecinos afiliados. Pero, a diferencia del pueblo de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el PSOE se hizo en 2007 con la Alcaldía. Desde 2011, tiene mayoría absoluta. Esa brecha en la forma de entender la política hace que el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores, en su nueva denominación) movilice a los suyos con cierta frecuencia en contra de lo que el PSOE va cambiando de la impronta que dejó en el Consistorio, del que fue alcalde por IU Diego Cañamero, secretario general del SAT.

Ha ocurrido con la huelga de recogida de basura, que arrancó hace ya 11 días. Es peculiar: no la convoca el personal del servicio, que está soportando una enorme presión: "Aquí te juegas el pellejo, todos nos conocemos, pensamos más en nuestra familia que en nosotros", dice uno de los cinco trabajadores, sin aclarar a quién teme ni por qué; las dos partes se acusan de coaccionar y amenazar a estos trabajadores. La convoca el SAT por las 525 personas que estaban en la lista con la que durante 12 años se han cubierto dos puestos de peón con contratos de un mes y 600 euros. Había que esperar diez años para trabajar.

Pero quedó en suspenso en mayo de 2012, tras los ajustes que el alcalde, Jerónimo Guerrero, se vio obligado a hacer en el Ayuntamiento, con rebajas de sueldo para el personal municipal, que exigió a cambio que no se contratara a nadie más. Ahora se cubre con personal que ya estaba en el Consistorio. Guerrero se había comprometido a reactivar la bolsa para 2013 pero asegura que se lo impide el decreto del Gobierno del PP, que limita la reposición de personal en la Administración pública. "Sería una ilegalidad" si no hay nuevos ingresos, insiste, y subraya que hay otros planes de emergencia en el pueblo -el PER, otro para jóvenes con dinero de la Diputación con 40 contratos de 15 que se sortearon ayer mismo- del que se beneficirán familias necesitadas.

Cuando a algunos vecinos, centrados en sus rutinas, se les pregunta ayer qué les parece la huelga, hablaban en voz baja: "Se podría hacer de otra manera, da mala imagen, hay ratas, los niños no pueden jugar en la calle", decía una jubilada. Estuvo en la lista. Tiene dos hijos trabajando, uno en el municipio, otra fuera, limpiando oficinas. Un matrimonio, junto a la Casa de la Cultura donde se realizaba el sorteo del plan de empleo joven, coincidía: "Se debe rotar, la cosa está muy mala", pero "es una huelga ilegal que no han convocado los trabajadores", dice él, septuagenario. Y apostilla: "Pero como los dos partidos están en contra el uno del otro". Su esposa lo aclara: "Esto es más política que otra cosa". "Los vecinos están indignados, hoy llueve, pero hemos tenido que tener las casas cerradas por el olor. No se va a olvidar, puede que según lo que ocurra en esta huelga cambien cosas en El Coronil", subraya otro. En el sorteo, Noelia (21 años, sin trabajo desde 2010 cuando concluyó la escuela taller de cerrajería artística) cree que las partes deben sentarse hablar. "Pero si hay que hacerlo así para que trabaje todo el mundo, que se haga".

Entre los trabajadores que acuden a los piquetes del SAT están Miguel Ángel García, de 33 años, y José Antonio García, de 42, en puertas de entrar a trabajar cuando la bolsa se suspendió. El primero forma parte de una familia con siete hermanos y 13 sobrinos en la que casi todos está parados. Él lleva tres años sin ingresos ni ayudas, "cogiendo lo que sale". "No es mucho pero podríamos pagar recibos, luz, agua", dice. José Antonio, divorciado, tiene un hijo de siete años al que no puede pasar la manutención. Arremeten contra el PSOE, al que Miguel Ángel culpa hasta de que se esté planteando incluso emigrar a Mallorca por falta de alternativas.

Cañamero augura un conflicto largo, que puede enconarse. El alcalde dice que no negociará hasta que no se respeten los servicios mínimos. El decreto de la Junta, que ha valorado las circunstancias de la convocatoria, ha establecido unos servicios inusualmente amplios: en días alternos debería recogerse todo el pueblo, en la medida que dé tiempo, y hacerlo al completo en el consultorio, colegios y el mercado. No tiene sentido para Cañamero: "No habría huelga",dice, y subraya que recogiendo los centros educativos, la residencia, el ambulatoria la gente no está "enfadada". "Vivimos aquí y no nos molesta", añaden algunas mujeres del piquete ante el almacén municipal del que salen los camiones. No falta la fogata, ni el grito de que probablemente en el periódico sólo se recogerán "mentiras" que lanza un espontáneo.

El frío, el civismo -los vecinos cierran concienzudamente las bolsas y la depositan en los puntos recomendados- hacen que el pueblo presente un estado más aceptable de lo que cabría esperar. Aunque ya hay ratas y las bolsas se apilan por centenares ante el Ayuntamiento, la parroquia o en el Castillo. Aun con lluvia, el mal olor era patente ante el almacén, donde las pescaderías llevan sus desechos. El alcalde está seguro de que la Junta autorizará una recogida por razones sanitarias a principios de la semana próxima.

Se puede reactivar la bolsa legalmente -defiende Cañamero-. "Antes la basura no se recogía a diario. Lo puso el PSOE y aumentó el gasto en 60.000 euros al año, que se podrían utilizar para rotar contratos". El SAT quiere que se reduzcan a 15 días para llegar a más gente. El líder sindical subraya que el PSOE ha aumentado la plantilla municipal estos años en 20 personas. "También se han cargado la bolsa de la media paga (personas que complementaban sus ingresos con pequeños trabajos) y la de administrativos", por orden de antigüedad. "El dinero de un pueblo y el trabajo deben repartirse, todos los vecinos pagan impuestos", insiste el líder del SAT. Son contratos pequeños, pero que suman en la economía de subsistencia de las familias, dice.

El alcalde cree, al margen de la huelga, es de una "mayor justicia social" considerar, más que orden en una lista que lleva años y cuando los empleos que genera el Ayuntamiento no dan para más, otros parámetros, como el nivel de ingresos familiares o si se tiene alguna prestación, que se exigen en los planes de emergencia social que, con fondos de Junta y Diputación, se van a poner en marcha.