La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja y ya está investigando la actuación de las administraciones, en este caso del Gobierno central y de la Junta, y las razones de por qué casi dos años después de que se terminara (en abril de 2019) la llamada variante de tren de Aguadulce sigue cerrada y sin estrenarse, según parece, por la incapacidad de ponerse de acuerdo en el convenio que debe regular la cesión al Gobierno central de los suelos de la Junta sobre los que se construyó el tramo de vías.

Ello hace que desde el mes de octubre de 2018, los pocos viajeros que aún optan por la línea de media distancia en los trayectos entre Málaga y Sevilla o los municipios intermedios con parada tengan que transbordar en autobús entre las estaciones de Osuna y Pedrera.

La variante sustituye a un puente que se cayó durante las riadas de octubre de 2021, en Aguadulce, y se apostó por la misma argumentando que era la opción más rápida para recuperar el servicio, aunque ha terminado convertida en un obstáculo para ese sencillo objetivo.

Ha sido el Ayuntamiento de Pedrera –uno de los más afectados, porque sus viajeros no pueden coger en el tren en su céntrica estación para las relaciones con la capital y deben desplazarse hasta Osuna– el que ha llevado el caso, ahora, al Defensor del Pueblo Andaluz, intentando que el problema no caiga en el olvido y se eternice aún más, después de que las reuniones y los contactos con responsables de uno u otro departamento y las movilizaciones no hayan surtido el efecto deseado.

Según explicó el alcalde de la localidad, Antonio Nogales (IU), tras un primer escrito y una petición de reunión, fue el propio Defensor de Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el que les recibió, hace unas semanas, con dos asesores. Asegura además que Maeztu venía “bien informado”. Se da la circunstancia, uno de sus nuevos adjuntos es Jaime Raynaud, que ha sido viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio hasta el pasado mes de octubre.

Fuentes de la Oficina han confirmado ahora que la queja está admitida desde el primer momento y tramitándose.

Una situación que "raya lo indigno"

Nogales volvió a lamentar la incapacidad de las administraciones para desbloquear la apertura de esos 9 kilómetros de variante ferroviaria, a pesar de la inversión realizada, el sobrecoste por tener que mantener tanto tiempo un servicio alternativo de autobuses y el perjuicio para lo ciudadanos.

“Raya lo indigno”, asevera, y considera que cualquier explicación que se dé a estas alturas no resulta creíble más allá de que haya un interés por “meter palos en la rueda” de la otra administración por el hecho de que al frente de las mismas haya equipos de distinto signo político.

Lo último que transcendió al respecto, cuando se cumplían dos años del corte de la línea férrea de Media Distancia, es que, sobre un convenio que ya fue cerrado en una reunión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con máxima representación de éste y de la Consejería de Fomento, así como de sus técnicos, volvió a bloquearse cuando el acuerdo para la concesión demanial de la plataforma de la Junta al Estado pasó por la Consejería de Hacienda.

En concreto, la Dirección General de Patrimonio introdujo enmiendas sobre el borrador acordado, que los servicios jurídicos del Ministerio y Adif consideran de difícil interpretación, un “galimatías”, según se llegó a apuntar.

En concreto, se trataría de una cláusula que recoge que “si transcurrida la vigencia del convenio y de su prórroga no se hubiese culminado la transmisión patrimonial se entenderá extinguida la concesión demanial”. No obstante, “se exceptúa el supuesto de que la transmisión no se haya podido realizar porque la Junta no tiene disposición de los terrenos a vender”. Si el convenio no se cumple por causa de la Junta, ésta se “compromete a indemnizar a Adif al menos el importe de las inversiones y gastos realizados en el tramo concesionado”.

El argumento de Hacienda es defender los intereses de los andaluces, en lo que le toca, aunque Nogales y la Plataforma en Defensa del Tren Rural tienen claro que el interés del ciudadano es que se recupere el servicio y no dejar que muera por ineficaz.

El regidor de Pedrera ha venido insistiendo en que si hay un problema jurídico, que se busque una solución puente para que el tren circule por la variante en tanto que se resuelve. A ver qué logra ahora el Defensor del Pueblo Andaluz.