Un impulso a la evaluación de los medicamentos con perspectiva social

El medicamento no es solo un capítulo de gasto. Es una inversión con efectos en cadena sobre la vida cotidiana, la familia, el sistema sanitario y, en último término, la sociedad. Esa fue la idea de partida del coloquio ‘El valor social del medicamento’, celebrado en Sevilla por Grupo Joly con la colaboración de Roche Farma, un concepto que gana peso y que, según coincidieron gestores, clínicos, economistas, industria y pacientes, obliga a mirar más allá de la eficacia clínica y del precio.

Desde la óptica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el subdirector general de Farmacia, Eutimio Tercero, situó el debate en el corazón de la toma de decisiones. “Autorizar, financiar y utilizar un medicamento” no debería reducirse a una dicotomía “clínica y económica”, defendió, porque en esa decisión “hay más variables que incorporar, eso son los valores”. Para Tercero, el valor social es “beneficio para la sociedad” y “se despliega en varias capas: la persona, la familia, el sistema sanitario y la productividad”. Dicho de otro modo, cuánto sufrimiento evita, cuánta autonomía preserva, qué carga de cuidados alivia y qué recursos libera.

De este modo, “el valor social es una dimensión a tener en cuenta en la toma de decisiones sobre medicamentos —autorización y financiación— junto a otros valores implícitos”, explicó. “Afecta a persona, familia, sistema sanitario y sociedad. Estamos satisfechos de que se incluya como un valor más a considerar al evaluar el medicamento”, concluyó.

Por su parte, el catedrático Antonio García, director del Máster de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga, propuso cambiar el foco: no solo “cuánto cuesta innovar”, sino “cuánto estamos perdiendo por no innovar”. Desde su punto de vista, el valor social funciona como una variable de gobernanza donde, si no medimos, no existe. “Hay que medir, incluso lo que no se sabe medir todavía”. Así, es necesario primero, definir un marco común; segundo, estandarizar datos y resultados; tercero, incorporar PROMs (Medidas de Resultados Informados por el Paciente) y calidad de vida; y cuarto, alinear incentivos y romper silos. Todo, además, “en una realidad demográfica en la que lo crónico desplaza a lo agudo”.

Además, García criticó que algunos proyectos para Comités de Ética de la Investigación con medicamentos basados en resultados en salud y calidad de vida, no son aceptados porque no incluyen ninguna variable clínica.

La ética, recordaron los participantes, no es un adorno del debate. José María Domínguez, presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial, reivindicó el medicamento como “un bien moral” capaz de “curar o aliviar sufrimiento”, algo difícil de traducir a indicadores. Como intensivista, resumió el dilema con una imagen: en la UCI “no pienso en números; tengo una persona delante”. Aun así, defendió que la profesión debe interiorizar eficiencia y sostenibilidad: la libertad de prescripción, recordó, exige evidencia, indicaciones autorizadas y “salvaguardar la calidad” al evitar gasto innecesario. Y puso sobre la mesa la ‘deprescripción’, “el acto de retirar lo que no aporta valor para dejar espacio a lo que sí lo hace”.

La voz del paciente aterrizó el concepto en escenarios concretas. Sonia Durán, enfermera de la Asociación Parkinson Sevilla y portavoz de la Federación Andaluza de Parkinson (Fandep), explicó que el valor social se mide en gestos pequeños que cambian una vida, como “caminar sola, vestirse sola o comunicarse con su entorno”. En patologías crónicas, subrayó, una mejora clínica puede significar autonomía y dignidad, con impacto directo en los cuidadores.

Durán insistió en que el medicamento “empieza a producir todo su valor cuando va acompañado de educación sanitaria y seguimiento”, y reclamó “más reconocimiento para el trabajo de las asociaciones. Es importante que se escuche a las asociaciones; educamos, mejoramos adherencia, evitamos urgencias y consultas”. Falta derivación “prescrita” a asociaciones y falta reconocimiento estructural.

Federico Plaza, director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma, puso el acento en el desafío pendiente que va de pasar de la intuición a la medición. Para Plaza, el debate requiere primero “definir y acotar” qué se entiende por valor social, e incorporar dimensiones que han quedado fuera de la evaluación: calidad de vida, dependencia, impacto familiar u organización del sistema. También defendió “romper silos” para evaluar el valor global y no solo un capítulo presupuestario y aludió a cómo el beneficio en hospitalizaciones, dependencia o bajas puede compensar con creces el coste farmacéutico

Dada la magnitud de nuestra comunidad autónoma y el desarrollo de los registros, gestión de historias clínicas y manejo de big data, “tenemos herramientas en Andalucía que no explotamos del todo”, expuso Domínguez. “Y tenemos cosas muy buenas: acuerdos de gestión y contratos programa. A los clínicos nos hace percibir cuánto cuestan las prescripciones al ciudadano. Eso no limita la prescripción, pero evita despilfarro. El valor social hay que transmitirlo al que autoriza y al que prescribe”, resumió.

El coloquio dejó además un mensaje operativo para los sistemas sanitarios. La equidad se construye con procedimientos comunes. Tercero recordó que el paciente ya participa “con voz y voto” en la Comisión Autonómica de Uso Racional de Medicamentos, y que el objetivo es armonizar protocolos para que “un paciente en Almería sea tratado igual que en Sevilla”. “Incorporar valor social en esa comisión me parece razonable. ¿Cómo? Formando, informando y midiendo”, subrayó.