Abades Triana debe desmontar la valla de cristal que impide el paso al río

El restaurante Abades Triana tendrá que retirar la valla de cristal que impide el paso de los ciudadanos al río Guadalquivir tras una sentencia del Juzgado de lo Contecioso-Administrativo número 14 que desestima el recurso presentado por los propietarios del establecimiento contra la segunda multa impuesta el 5 de marzo de 2014 por la Gerencia de Urbanismo. El acuerdo de la comisión ejecutiva ordenó al dueño del restaurante, situado en el número 69 de la calle Betis, a desmontar esa cristalera que no debería existir, ya que no se encontraba recogida en los planos técnicos del proyecto.

La primera multa al establecimiento por la valla tuvo lugar hace cerca de ocho años. El 28 de enero de 2009, la Gerencia dio el visto bueno para ordenar "el desmontaje de las cristaleras que impiden el paso al río, dejando el lugar acorde a lo recogido en el proyecto". Al dueño se le informó de la incidencia dos veces antes, en octubre de 2008 y a principios de 2009. La cuantía de la sanción era de 600 euros.

La tercera multa, de 2 de marzo de 2016, llegó tras el acuerdo para "imponer a la entidad Restaurante Abades una multa por importe de 600 euros, en concepto de tercera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la comisión ejecutiva por el que se ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada". Las sanciones son acumulativas, por lo que el dueño del establecimiento hostelero deberá de abonar a las arcas municipales 1.800 euros. La dirección de la empresa no quiso valorar a este periódico el contenido de la sentencia.

El restaurante Abades Triana abrió sus puertas en julio de 2008 tras una inversión de más de ocho millones de euros y provocó cierta polémica. Un grupo de vecinos de la calle Betis llevó el caso a la Fiscalía al entender que el proyecto superaba los límites contemplados en el planeamiento urbanístico por superar la edificación y tratarse de unos terrenos catalogados para usos futuros como zona verde. Frente a la postura de los denunciantes, los abogados de los funcionarios de Urbanismo solicitaron el archivo de las diligencias porque no existía nada raro en la concesión de la licencia. Los peritos llegaron a la conclusión de que el proyecto aprobado para el establecimiento hostelero se ajustaba a la normativa urbanística, tras haberse realizado una modificación del aforo-que se redujo de 2.300 a 600 personas- y de la edificabilidad exigida.