Alaya prorroga por sexta vez el secreto de la operación Madeja

La juez Mercedes Alaya ha acordado por sexta vez la prórroga del secreto de sumario de la operación Madeja, en la que se investigan delitos de cohecho en relación con las adjudicaciones de contratos municipales de Parques y Jardines, y lo ha hecho en un auto en el que advierte de que la aparición de informaciones sobre esta causa puede afectar a la eficacia de las investigaciones y producir la destrucción de prueba.

El nuevo auto, que prorroga el secreto que se acordó inicialmente en julio pasado, señala expresamente que a raíz de la segunda fase de la operación Madeja –que Alaya precipitó a mediados de diciembre pasado tras revelar la instructora por error que se habían pinchado una decena de teléfonos, entre ellos de varios funcionarios- se viene observando un "incremento de las informaciones que aparecen en determinados medios de comunicación, donde se revela información precisamente protegida por el secreto total de las actuaciones decretado" y añade que esto podría afectar a la eficacia de las líneas de investigación emprendidas porque pone en conocimiento de los afectados el desarrollo de las pesquisas, lo que “podría provocar, entre otros efectos, la pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba que pudieran recabarse en un futuro.

La juez señala que en el marco de la investigación "siguen apareciendo nuevos datos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados" y señala que en los registros practicados en la segunda fase de la operación Madeja fue intervenida "cuantiosa documentación", tanto en papel como en dispositivos informáticos que fueron volcados de los servidores de la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento así como de las empresas registradas, entre ellas Fitonovo, una de las contratistas, y otros archivos obtenidos de los discos duros de los ordenadores.

En cualquier caso, la juez indica que dado el volumen de datos obtenidos en los registros "aún no se ha podido comenzar" el análisis de los mismos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guradia Civil, por lo que acuerda prorrogar por otro mes más el secreto de las actuaciones al constatar según la Guardia Civil la "nueva aparición de datos de interés para la investigación".

La segunda fase de la operación Madeja se precipitó después de que la juez Mercedes Alaya revelara por error que se habían pinchado una decena de teléfonos móviles de los directivos de esta sociedad que contrataba con el Ayuntamiento y de varios funcionarios municipales.

La operación Madeja se inició en julio de 2013 con la investigación del presunto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, ex asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y la supuesta financiación ilegal del PSOE, después de que el propietario de esta empresa reconociera que entregó 30.000 euros para el partido socialista.

En la segunda fase fue registrado en la delegación de Parques y Jardines el despacho del director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña, que fue destituido fulminantemente por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, tras haber sido imputado en esta nueva fase de la investigación de la juez Alaya. La Guardia Civil registró el despacho del jefe de servicio José Antonio Amores, de su adjunto, Javier Gómez, y del responsable de conservación del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas.

Tras esta segunda fase, Alaya envió a prisión al empresario de Fitonovo José Antonio González Baró, al ex jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores y al responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas. La instructora acordó el ingreso en prisión sin fianza de José Antonio González Baró y de Francisco de Amores, medida que fue solicitada por la Fiscalía de Sevilla, mientras que en el caso de Francisco Luis Huertas dictó auto de ingreso en prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad de la que este funcionario explicó que no disponía, lo que motivó su encarcelamiento.