La Policía Local de Sevilla ha denunciado al Patronato del Real Alcázar por cobrar un sobreprecio en las entradas que se venden de manera telemática. La denuncia la ha formulado el Grupo Giralda, la unidad especializada en la protección del turismo y la zona monumental de la ciudad, una de cuyas últimas investigaciones ha sido precisamente la de las irregularidades en la venta de entradas al recinto palaciego.

En el marco de esta investigación, en la que se denunció a varios guías y a empresas del sector turístico que se dedicaban a comprar todas las entradas disponibles por internet y a revenderlas después en la cola, los policías han detectado una presunta irregularidad más, en este caso cometida por el propio órgano que gestiona el monumento.

Se trata del cobro de un sobreprecio en concepto de gastos de gestión por la venta telemática de los tickets para acceder al Alcázar. Cuando un ciudadano o un turista accede a la web del monumento (www.alcazarsevilla.org) para comprar una entrada, tiene que pagar el precio habitual de la misma más un euro que se le cobra como gasto de gestión.

Por ejemplo, si alguien quiere comprar de manera anticipada por internet una entrada general al monumento, que permite la visita a la planta baja de los palacios y a los jardines, que tiene un precio de 11,50 euros, tiene que pagar finalmente 12,50. Sin embargo, si quiere comprar varias entradas, se le cobra también un euro por cada una. Es decir, si compra seis entradas se le terminan cargando seis euros de más cuando en realidad sólo se ha hecho una gestión y no seis.

La Policía entiende que esta práctica es irregular y que sólo debería cobrar un euro por gestión, independientemente del número de entradas que se compre en cada sesión. Los agentes del Grupo Giralda consideran que esta práctica está vulnerando claramente la normativa de la Junta de Andalucía en materia de espectáculos públicos. En concreto, al Alcázar se le ha denunciado por incumplir el artículo 20.1 del Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que fue aprobado en el decreto 10/2003 de la Junta de Andalucía.

El artículo en cuestión dice así: "Los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán expender directamente al público, por cualquier método y sin recargo o sobreprecio alguno, al menos, el 70% de cada clase de entrada o localidad".

A raíz de los atentados del verano pasado en Cataluña, el Ayuntamiento modificó el sistema de venta de entradas del Alcázar, con el objetivo de que la cola de personas que esperaban en la taquilla fuera la más reducida posible. Por ello, decidió incrementar la venta por internet, de manera que actualmente se ponen en venta 750 tickets por hora. De ellos, 600 se ofrecen de manera telemática en la red y sólo 150 se expenden directamente en las taquillas del monumento. De esta forma, la Policía considera que se está cobrando un sobreprecio en más del 30% de las entradas que se venden, que es el límite máximo que marca la la ley andaluza.

La versión municipal

El Ayuntamiento de Sevilla resta importancia al asunto y sostiene que esta forma de cobro está regulada por una ordenanza municipal que establece el precio público por visitas y prestación de servicios en el Alcázar. Fuentes municipales explicaron a este periódico que "los primeros indicios apuntan a que el agente de la Policía Local que elaboró la denuncia no ha tenido en cuenta a la hora de formularla que la ordenanza recoge expresamente ese cobro de un euro en la venta por internet".

Por tanto, las fuentes añadieron que "el Alcázar está aplicando lo que dicta la normativa municipal al respecto". Según indicaron desde el Consistorio, “las denuncias de ese tipo son propuestas y en este caso hay reglamentación suficiente como para que no prospere”, si bien aclaran que, "como en todo procedimiento administrativo, no obstante, el instructor determinará" si se ha producido alguna infracción o no.

En cualquier caso, la ordenanza municipal estaría entrando en conflicto con una ley autonómica, que debería prevalecer al tratarse de una normativa de ámbito superior.