Los vecinos de Amate reclaman el arreglo urgente de las Casas Bajas

Las Casitas Bajas de Amate dañadas gravemente por la humedad tras el temporal del pasado invierno siguen en el mismo estado, siete meses después de la petición de socorro de los vecinos, liderados por el presidente de la asociación Santa Teresa-Amate, Francisco Ledesma. Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía han iniciado las obras previstas para corregir los graves daños de estas casas de protección oficial habitadas por personas de escasos recursos y amplias necesidades sociales, pendientes del Plan Integral que debía recuperar la zona.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, visitó el viernes a los vecinos y al cura del barrio (Sergio Gómez) para anunciarles que llevará al pleno del día 24 una propuesta para exigir a la Junta y al Ayuntamiento que acometan la rehabilitación integral de todas las casitas bajas de Amate. Durante este año, el PP ha dirigido varias cartas a las administraciones y ha denunciado el caso en el Parlamento. "Lo único que ha hecho la Junta hasta ahora es enviar a algunos técnicos para inspeccionar algunas casas, pero no se ha adoptado ninguna medida ejecutiva y los vecinos temen la próxima llegada de lluvias ya que no saben si sus casas podrán aguantarlas".

Zoido reiteró que "no se puede permitir que estas familias sigan viviendo en estas pésimas condiciones, ya que los informes de los propios bomberos señalan que las armaduras de las estructuras de las casas están completamente corroídas".

El 90% de las casas bajas de Amate son ya privadas al haber sido adquiridas por las familias a la Junta en régimen de propiedad. Un porcentaje menor (10%) sigue perteneciendo a la administración andaluza en régimen de alquiler. Se calcula que la mitad de las 700 viviendas están afectadas por graves humedades en toda la estructura. "Los techos se están cayendo y los vecinos corren un peligro diario", lamentó Zoido quien recordó que todas las casas de la barriada de Santa Teresa están engarzadas como piezas de dominó por lo que cuando el suelo se seque y se contraiga puede ocurrir un grave desastre.

Los vecinos insisten en que no se les cobre a los afectados el coste de los apuntalamientos, que cuestan alrededor de 6.000 euros y muchas familias no pueden asumirlo.

El líder del PP consideró que los vecinos compraron casas en muy malas condiciones al venderse a un precio bajo en una situación de ruina, por lo que "Junta y Ayuntamiento deben ser los encargados de arreglar este problema". El edil aclaró que las viviendas no pasaron por la inspección de edificios (ITE), ya que de ser así se hubieran rehabilitado antes de venderlas.