La Audiencia rechaza excarcelar al empresario de Fitonovo encarcelado en la operación Madeja

La Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de libertad planteada por la defensa del empresario de Fitonovo José Antonio González Baró, a quien la juez Mercedes Alaya envió a la cárcel el pasado 19 de diciembre a prisión en el marco de la segunda fase de la operación Madeja, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La Sección Primera de la Audiencia, a la que había recaído el recurso, ha resuelto finalmente desestimar la petición de libertad y confirmar el auto de Alaya que acordó su encarcelamiento, han explicado las mismas fuentes.El abogado Miguel Salas, que representa a este imputado, presentó un recurso de apelación directamente ante la Audiencia de Sevilla, a la que pidió su puesta en libertad sin fianza y, de manera alternativa, en el caso de que no se accediera a esta petición, que se acordara su libertad bajo fianza, algo que también ha rechazado el tribunal.

La juez Mercedes Alaya imputó a José Antonio González Baró hasta cinco hechos que podrían ser constitutivos del presunto cohecho que se investiga en relación con los contratos municipales y la supuesta entrega de dádivas o regalos a los funcionarios municipales. De esos cinco hechos que, en principio, la instructora achaca a este imputado, la mayoría se habrían producido antes del año 2010, con lo que se trataría de hechos atípicos desde el punto de vista penal y no podrían ser susceptibles de condena, según la defensa. Esta atipicidad vendría dada porque hasta esa reforma legal de 2010, el Código Penal no sancionaba la conducta cuando las dádivas o regalos se entregaban a posteriori y en señal de consideración, como "recompensa", de la solicitud realizada a la autoridad o funcionario público.

El artículo 421 del Código Penal recoge que las penas señaladas para los delitos de cohecho (de uno a tres años de prisión o de dos a cuatro años) "se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos", que contemplan esas penas de prisión por recibir o solicitar una "dádiva, favor o retribución de cualquier clase" o aceptare un ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

La defensa del empresario de Fitonovo entendía que con los hechos que inicialmente le atribuía la instructora "no está justificada la prisión preventiva" de José Antonio González Baró, por lo que esperaba que la Audiencia de Sevilla revocara el auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya.

La juez Alaya decidió enviar a prisión en la madrugada del pasado 19 de diciembre a tres de los cinco detenidos en la operación Madeja-II. Además del empresario de Fitonovo, la magistrada encarceló al ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco de Amores, y al responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, si bien en este caso la juez decretó su ingreso en prisión eludible si abonaba una fianza de 150.000 euros, cantidad de la que no disponía el funcionario imputado.

Sin embargo, la juez dejó en libertad provisional el pasado 17 de enero a Francisco Luis Huertas, después de que la familia de este funcionario presentara un aval bancario por importe de 60.000 euros, cantidad a la que se rebajó la fianza inicial.

Alaya investiga en esta segunda fase de la operación si Fitonovo disponía de una supuesta "Contabilidad B" en la que aparecerían los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del Ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esa contabilidad oculta estaría incluso almacenada en un archivo informático, en formato tipo Excel en el ordenador de la empresa, e incluiría pagos realizados desde el año 2003 en los que se habrían adjuntado los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.

La operación Madeja se inició por el presunto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño -ex asesor del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- y la presunta financiación ilegal del PSOE, pero ha acabado salpicando al actual gobierno local de Juan Ignacio Zoido con la imputación por la Guardia Civil del director general de Medio Ambiente del Consistorio, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de inmediato.