Sevilla

Condenan al Ayuntamiento a pagar como funcionarios a los contratados en programas de empleo

  • El juzgado de lo Social estima que las condiciones deben ser las mismas que las del personal municipal que desempeña las mismas funciones

  • La demanda la ha ganado el Sindicato de Empleados Municipales (SEM)

La fachada del Ayuntamiento de Sevilla. La fachada del Ayuntamiento de Sevilla.

La fachada del Ayuntamiento de Sevilla. / M. J. L.

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Un juzgado de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de la capital a aplicar el convenio colectivo municipal a las personas contratadas en el marco de programas de empleo financiados por otras administraciones públicas. Es el caso de los programas de ayuda a la contratación, el PACAS, Emple@+30 o Emple@joven, entre otros. La sentencia supone que estas personas tengan las mismas condiciones del resto del personal municipal y, por tanto, cobren como los funcionarios.

Así lo establece el juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, a raíz de una demanda presentada por el Sindicato de Empleados Municipales (SEM). Esta central considera que los programas extraordinarios de ayuda a la contratación se han convertido en "una forma ordinaria de contratación" por parte de las administraciones locales. 

En teoría, entienden los demandantes, estos programas sólo deberían haber tenido como objetivo "la reinserción e incorporación laboral de colectivos en riesgo de inclusión social o sectores de población con dificultades al acceso al mercado de trabajo". Sin embargo, con la política de contratación seguida por el Ayuntamiento de Sevilla, se establecen "de facto" dos estructuras de empleados, "con condiciones laborales y económicas distintas sin establecer una diferenciación en las tareas encomendadas".

Más allá de regularizarse la situación, el sistema se "ido pervirtiendo, abriendo cada vez más las funciones de estos programas a las propias del personal municipal, así como aumentando el número de programas y personas adscritos a éstos". Para el SEM, lo que debería ser una medida puntual se ha convertido en "cada vez menos extraordinaria" y que "podría poner en riesgo la propia existencia del empleo público municipal".

El juez de lo Social da la razón al SEM y declara que todos los trabajadores contratados temporalmente al amparo de estos programas financiados con ayudas públicas se encuentran incluidos dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo. 

El secretario general del SEM, Manuel Morcillo, aseguró que su sindicato "siempre defenderá un empleo público de calidad, donde en el acceso a la función pública se rijan los principios constitucionales de igualdad, méritos y capacidad a través de convocatorias públicas". Este dirigente sindical avanzó que denunciarán todas las "maniobras o subterfugios que intenten encontrar atajos para consolidar estructuras paralelas dentro de la administración local".

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