La CHG señala que el dragado podría hacerse si se indemniza a los arroceros

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, explicó este miércoles que la Declaración de Impacto Ambiental para el dragado del río Guadalquivir no incluía como un "condicionado", es decir, como una condición que se debe cumplir de antemano, el proyecto de modernización del arroz, con el que el ente intenta abrir una vía alternativa para que los cultivos de la zona reciban agua dulce directamente desde Peñaflor, sin depender del cauce principal del río, con un ahorro energético. Lo único que establece esa declaración es que si baja la productividad del arroz por el aumento de la salinidad en el río los agricultores tendrían derecho a ser indemnizados, dijo.

Así, Romero aseguró que ambos proyectos (el dragado y el del arroz), pueden desarrollarse de forma "paralela". No es necesario que la solución para los agricultores esté hecha antes que el dragado, lo que dejaría a éste fuera de plazo para que pueda financiarse con los fondos europeos que tiene aprobados y que lo harían prácticamente inviable. Romero insistió en el que esa Declaración sólo se apuntaba que la salinidad podría aumentar y que se tendría que estudiar una solución y la CHG propuso este proyecto.

Lo que sí está recogido en esa Declaración de Impacto Ambiental como condición previa es un proyecto de defensa de las márgenes del Puerto, que ya está presentado y pendiente de aprobación por parte de la Junta de Andalucía. "Es una situación heredada", subrayó la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, sobre los trámites que todavía hay pendientes para llegar a tiempo, refiriéndose al periodo (de 2009 a 2012) en el que las competencias de la cuenca estuvieron en manos de la Junta, hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional obligó a devolverlas a Madrid. "Tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como la CHG intentan darle una salida para que la financiación europea sea viable", insistió. Y la "hoja de ruta" es esa Declaración de Impacto Ambiental, del año 2003, en la que ese proyecto de defensa de los arrozales de la zona era una propuesta, que se va a hacer "con la prisa que podemos". El proyecto de defensa de las márgenes depende ya del visto bueno de la Junta, reiteró.

Crespo respaldaba así los datos aportados por el Ministerio de Fomento en una carta en la que explica a la UE cómo van los plazos y los proyectos.

Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía rechazó este miércoles, con el voto en contra de PSOE e IU y el apoyo del PP, una proposición no de ley del Grupo Popular para, por un lado, buscar "consenso" entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y los agentes implicados, y, por otro, impulsar las acciones necesarias para poner en marcha, "en el menor tiempo posible" y con las medidas correctas incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proyecto de dragado. "Tenemos que remar todos en la misma dirección para disipar todas las dudas de una obra muy apretada en plazo", manifestó la diputada popular Alicia Martínez. El PSOE calificó la asunto como "eterna partida de ajedrez" e IU apuntó que esa gran inversión es innecesaria.