Un juzgado de Sevilla ha estimado el recurso promovido por unos padres que tuvieron un hijo con Síndrome de Down, al entender que no se realizaron las pruebas necesarias durante el embarazo para detectarlo, por lo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberá indemnizarles con 60.000 euros. 

Según la sentencia, se considera que se privó a la pareja "de su derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo", así como que los informes presentados concluyen que el seguimiento y control fue "insuficiente". 

Por tanto, en la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla se estima parcialmente el recurso contra el SAS y se reconoce el derecho de los padres a ser indemnizados en esa cantidad por daños y perjuicios. 

Se califica de "especialmente relevante" el informe pericial de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, en el que consta que en ninguna de las cinco ecografías practicadas aparecen las medidas de la traslucencia nucal (TN), "signo ecográfico importante para excluir o sospechar de un Síndrome de Down". 

Además, al no detectar alteraciones de la TN "no se practicó el cribado bioquímico ni del primer ni del segundo trimestre" y por consiguiente "no se realizaron técnicas invasivas", y tampoco aparece la acreditación ecográfica de la persona que realizó las pruebas ni del equipo que se utilizó. 

Esta situación provocó una "ausencia de información a la pareja de la posibilidad de diagnóstico prenatal", unido a que las pruebas no se realizaron en ningún centro del nivel adecuado y que no consta ninguna que haga referencia al estudio de la traslucencia nucal. 

En cuanto a la ampliación del informe pericial se pone de relieve que en los años 2005-2006 "existían medios humanos y técnicos en el SAS para haber realizado un seguimiento y un control del embarazo que hubiera permitido el diagnóstico de la trisomía 21" que presenta el niño.