La Audiencia Nacional admite la demanda de La Cartuja Pickman contra la Seguridad Social por provocar su quiebra

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda de La Cartuja Pickman contra la Seguridad Social, en la que le reclama dos millones de euros por provocar presuntamente su quiebra al derivarle una deuda de seis millones de euros del anterior propietario, lo que le obligó a solicitar el concurso de acreedores, según el decreto al que ha tenido acceso este periódico.

La Cartuja Distribución 1841, comercializadora de la famosa loza sevillana, y Ultralta, propietaria de la fábrica, reclamaron en 2024 a la Seguridad Social 466.341 euros y 1.614.165 euros, respectivamente, por responsabilidad patrimonial. En total, ambas pedían 2.080.505 euros por los daños producidos pero recibieron el silencio administrativo por respuesta, lo que les llevó a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ahora, la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de La Cartuja Pickman y ordena a la Seguridad Social a remitirle todo el expediente administrativo en el plazo improrrogable de 20 días. Francisco Arroyo, socio de RSM y representante legal de esas empresas, asegura que la cuantificación de la reclamación por daño patrimonio es "bastante razonable y conservadora.

El origen del coflicto

Los hechos se remontan a 2019, cuando la Seguridad Social les derivó una deuda de seis milones de euros, que -según la Cartuja Pickman- les provocó "una situación de insolvencia en diferido al obligarse al solicitar el concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla". La fábrica de loza recurrió ante el Tribunal Supremo y el alto tribunal le dio la razón en 2023, pero el tiempo transcurrido, la pandemia, la crisis energética y la falta de financiación provocaron graves problemas de tesorería.

En julio pasado, el Juzgado Mercantil aceptó el convenio de acreedores y levantó el concurso, a lo que se opuso la Agencia Tributaria, a la que debe casi 800.000 euros, y la Seguridad Social, a la que adeuda medio millón de euros. Al perder el escudo protector del concurso, que frena las ejecuciones hipotecarias, Hacienda embargó sus cuentas, con lo que Ultralta finalmente pidió su liquidación el pasado mes de octubre al no poder cumplir el convenio.

La unidad productiva se puso a la venta mediante un mecanismo exprés porque el ERTE de los trabajadores acaba el próximo15 de diciembre, fijándose un plazo de presentación de ofertas hasta el 4 de diciembre. Para presentar una oferta de compra con subrogación de empleados, los interesados necesitan saber qué deuda tendrán que asumir. Sin conocer la "mochila" de deuda real que corresponde a cada trabajador, es inviable para cualquier inversor calcular el coste de la operación. A pesar de ello, la Tesorería General de la Seguridad Social se ha limitado a informar que la deuda global acumulada es de 1,4 millones y que necesitaría al menos 30 días para tener los datos individualizados, un tiempo del que no dispone la empresa.

La falta de colaboración de la Seguridad Social ha provocado que el proceso de venta se haya suspendido y, por otro lado, la administración concursal ha solicitado el auxilio judicial para poder salvar la fábrica y los 34 empleados de esta bicentenaria industria sevillana. Finalmente, la jueza Ana Marín ha dado un plazo de tres días a Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que "informe de manera escrita, identificando de manera desglosada y detallada respecto de la deuda total", de modo que se conozca qué parte está vinculada a cada uno de los 34 empleado. La pelota está ahora en el tejado de la Seguridad Social.