Una situación insostenible. La Plataforma Ciudadana por los Parques, los Jardines y el Paisaje de Sevilla ha convocado este martes 17 de mayo una concentración para protestar por el recurrente vandalismo que viven las zonas verdes de Sevilla y reclamar al Ayuntamiento una solución. La protesta será a las 19:30 en los Jardines de Cristina (junto al llamado árbol abuelo de Sevilla).

La concentración se produce después de que durante la Semana Santa se registraran numerosos actos vandálicos en entornos patrimoniales recientemente restaurados como las glorietas de Ofelia Nieto y de Cervantes y el monumento a Bécquer en el Parque de María Luisa. Estos hechos fueron denunciados por el Ayuntamiento ante la Policía Nacional.

El vandalismo se ha convertido en la primera causa de degradación de los parques y jardines históricos de Sevilla. Los Jardines de Murillo o el Parque de María Luisa sufren con relativa frecuencia ataques que destrozan algunos de sus principales atractivos, como glorietas, esculturas o fuentes. El Ayuntamiento emplea grandes cantidades de dinero a reparar todos es todos desperfectos, que vuelven a producirse con el paso del tiempo.

Una de las personas que lleva más tiempo denunciando la situación en la que se encuentran las zonas verdes de Sevilla es Jacinto Martínez, presidente de la Asociación Jardines de la Oliva y convocante de la protesta. Lleva más de dos décadas haciéndolo en su blog y recientemente lo ha hecho en un libro en el que ha recopilado las principales agresiones cometidas en los últimos años.

La solución para estos problemas, como viene reclamado, es la puesta en servicio de la Policía Verde para disuadir a los vándalos.

Un sistema de vigilancia

Recientemente, el Ayuntamiento ha licitado un nuevo contrato de seguridad y vigilancia para parques y jardines que refuerza el presupuesto y ha previsto la incorporación de cámaras de vigilancia en María Luisa y en los Jardines de Murillo, las dos zonas con más incidencias. 

El presupuesto de licitación de dicho contrato es de 1.616.747 euros y tiene una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más y se prevé una cláusula que permite un modificado del 30% para la implantación de un sistema de vídeo vigilancia.