El juez que investiga presuntas irregularidades en la ayuda humanitaria de la Fundación DeSevilla ha citado como imputado, el próximo día 24, a Carlos Vázquez, secretario político del PCE de Sevilla y ex delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento. Fuentes del caso han informado de que la declaración de Vázquez se producirá tras la realizada el pasado 15 de abril por Miguel López Adán, ex gerente de esta fundación municipal, acusado del presunto desvío de 935.890 euros de subvenciones para ayuda al desarrollo.

La imputación de ambos se produjo tras un informe de la Guardia Civil que detectó que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento se destinaron a otros fines, no se justificaron ni se reintegraron en las arcas municipales. Los entonces responsables de la fundación, nombrados por el Gobierno de coalición PSOE-IU, fueron denunciados en noviembre del 2012 por el actual equipo municipal del PP, que apreció posibles delitos de malversación, falsedad y delito societario presuntamente cometidos por el anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.

Se trata de ayudas que otorgó la Delegación de Relaciones Institucionales, que dirigía Antonio Rodrigo Torrijos, entonces primer teniente de alcalde y ahora portavoz municipal de IU, para proyectos de cooperación en Colombia, Cuba, Nicaragua o Palestina. En su denuncia, el actual equipo aseguraba que la supuesta ayuda humanitaria se destinó a apoyar al "régimen castrista y a plataformas comunistas" y las subvenciones se justificaron con facturas presuntamente falsas.

Entre las presuntas irregularidades, la denuncia recogió que 64.881 euros entregados para un incinerador en el Cementerio Colón de La Habana se justificaron con una factura de la empresa vasca Mercurio Trading por importe de 59.624 euros fechada el 22 de febrero de 2008, "diez meses antes de que el señor Torrijos concediera la subvención". En su comparecencia, López Adán negó haber destinado las subvenciones a fines distintos a los concedidos pero reconoció la existencia de un  "desequilibrio patrimonial" que atribuyó a la práctica del Ayuntamiento de no entregar las subvenciones en plazo.