Emvisesa actúa contra la ocupación ilegal en su bloque más problemático

El bloque más problemático de la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa), una promoción de 52 VPO en la Plaza Salvador Valverde del barrio de Torreblanca, junto al cento cívico, concentra el 70% de ocupaciones ilegales de pisos de todas las promociones públicas que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en la ciudad. Durante demasiados años ha sido un foco de problemas de convivencia, de inseguridad ciudadana y de vandalismo para los vecinos que viven en él de forma legal y para el resto de los vecinos del barrio. El otro bloque más problemático está en Sevilla Este.

Su elevada ocupación ilegal se debe a la expulsión paulatina de los moradores legítimos por parte de dos grupos de residentes que se han hecho fuertes y han ido metiendo ilegalmente a allegados. Ante la evidente falta de control municipal, han convertido los edificios en estercoleros inhabitables. Al estilo de las peores zonas del Polígono Sur.

Para tratar de acabar con esta situación, la empresa municipal de vivienda ha iniciado la normalización y regularización de esta promoción. Entre las medidas investiga si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos. Para zanjar la insalubridad de las zonas comunes, ha invertido más de 200.000 euros en adecentar los sótanos, azoteas y otros enclaves que eran verdaderos basureros y ha reparado los buzones, literalmente reventados. Los detalles pueden verse en las imágenes adjuntas, tomadas hace tres meses. Los operarios tuvieron que llevar escolta para hacer las reparaciones pero han logrado adecentar el bloque, aclara el Ayuntamiento.

Asimismo, en coordinación con la Policía Nacional, se han realizado intervenciones por usos irregulares del sótanos en los que se detectaron hasta peleas de gallos y perros de presa y carreras ilegales. Se ha generado una mesa de trabajo en coordinación con el Distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia gravemente deterioradas en el bloque y en su entorno.

La primera ocupante ilegal en ser desalojada por orden judicial ha sido una mujer, su pareja y tres hijos de la vivienda que ocupaban ilegalmente desde febrero de 2016, una medida calificada este miércoles de "lamentable" por Participa Sevilla. Los Servicios Sociales han constatado que no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad. Y el Ayuntamiento asegura que "se le ha garantizado en todo momento una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler a través del programa de las PPC (ayudas económicas directas para alquiler, por ejemplo) de Emvisesa". Pero ha rechazado cualquier medida, por lo que se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que, si así lo quiere, esta persona será realojada en adecuadas condiciones de forma transitoria.

El entorno de la mujer desalojada por orden judicial ha ocupado de forma ilegal en repetidas ocasiones viviendas en esa misma zona. Según consta en los informes, su madre y su tía son adjudicatarias legales de dos viviendas en ese bloque, pero su hermana y su hermano han ocupado pisos ilegalmente aquí. Su hermana ocupó una vivienda en ese edificio (que abandonó al obtener un informe de excepcionalidad para realojarse en un piso de AVRA), y su hermano y su pareja ocuparon otra vivienda en el mismo portal y entregaron las llaves a Emvisesa el día del juicio.

La vivienda ocupada por esta persona quedó formalmente vacía el 12 de febrero de 2016 por renuncia de su anterior adjudicatario, pero días antes de que los técnicos realizaran las labores de adecuación del inmueble, fue ocupado de forma ilegal por esta mujer y su familia.

El gobierno local asegura que hoy por hoy la mujer desalojada tiene en vigor un contrato de seis meses en el Ayuntamiento de Sevilla a través de uno de los programas de contratación extraordinarios, por lo que cuenta con ingresos. Asimismo, según consta en los informes, tiene todos los suministros enganchados de forma ilegal. Emvisesa pidió a la familia que de forma voluntaria acepte alguna de las líneas de ayudas establecidas acordes con su situación económica. Ante el rechazo de esta y la existencia de personas con informes de excepcionalidad pendientes de una adjudicación, se ha realizado el desalojo por orden judicial garantizando alternativas para la familia.

Tras el desalojo se ha firmado el contrato con una familia con informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales de Torreblanca que reúne los requisitos para un acceso urgente a una vivienda.