La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex gerente de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla) Miguel López Adán, al que atribuye un delito de fraude de subvenciones por las irregularidades detectadas en la gestión de las subvenciones concedidas a la entidad y en la que, según el Ministerio Público, el acusado realizó una utilización de la entidad para “actos partidistas y fines particulares” de Izquierda Unidad. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama una multa de un millón de euros y que indemnice al Ayuntamiento de Sevilla 742.500 euros.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, la Fiscalía considera que desde el nombramiento de López Adán en octubre de 2007, la fundación tuvo “plena dependencia funcional el grupo municipal y de dirigentes de Izquierda Unida”.

El fiscal Fernando Soto señala que la administración de la fundación bajo la dirección del acusado fue “muy deficiente”, desde el punto de vista contable de “absoluto descontrol”, pues “no se llevaba una contabilidad analítica, que si bien no es obligatoria legalmente, sí permite la correcta imputación de gastos para la justificación de las subvenciones”.

Según el Ministerio Público, esto ha permitido que DeSevilla “fuera un instrumento del partido de gobierno de la que dependía y así con consentimiento del acusado, fuera usada para actos partidistas y fines particulares del partido”, asevera.

La Fundación presenta a 31 de diciembre de 2010 un patrimonio negativo por 1.510.617 euros, lo que motivó que se solicitara al Ayuntamiento una aportación extraordinaria de 1.624.319 euros que acabó aprobando el Pleno de Ayuntamiento. La contabilidad, prosigue el fiscal, presentaba deficiencias en los procesos administrativos y de control interno, “carencia de contabilidad analítica y de control presupuestario”, y el acusado disponía del patrimonio e ingresos “a su libre arbitrio”, hasta el punto de que el propio López Adán “permitió que se distrajeran 34.859 euros”, previamente de una cuenta, que luego el propio acusado reintegró en metálico.

La Fiscalía destaca asimismo que el 28 de julio de 2011, día en que López Adán cesó en sus funciones, instaló un programa de ordenador de borrado seguro, denominado C Cleaner, con el que se procedió a borrar 24.577 elementos, 24.479 archivos y 98 carpetas, cuyo contenido no ha podido recuperarse porque el acusado “sobreescribió los archivos, haciendo imposible la recuperación del mismo”.

El Ministerio Público acusa a López Adán de fraude de subvenciones en relación con el expediente 98/08, que formaba parte del convenio para la realización de 13 proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. La Fundación recibió el 75% de la ayuda, esto es 742.500 euros, el 16 de diciembre de 2009, y el 20 de abril de 2010, la fundación “había gastado todo el dinero junto a otros ingresos procedentes de empresas municipales”, entre los que el fiscal destaca algunos gastos significativos como los 259.288,48 euros que se destinaron al pago de nóminas de los trabajadores de la Fundación, otros 6.716,35 euros en facturas de autocares, 75.810,47 euros en concepto de vigilancia y comunicaciones “que nada tienen que ver con la actividad subvencionada”.

Además, López Adán retiró 5.980 euros en efectivo el mismo día en tres disposiciones en caja, dos de ellas por importe inferior a 3.000 euros, y el 29 de diciembre de 2009 otros 41.747,69 euros, de ellos 3.500 euros para la impresión de 2.000 documentos del X encuentro de Solidaridad con Cuba, y otros 10.352 euros fueron transferidos a una agencia de viajes.

El acusado solicitó varias prórroga para la ejecución de los proyectos subvencionados cuando, según el fiscal, “la realidad era que la fundación no había ejecutado los proyectos más que de manera parcial y deficiente, y la transferencia de la misma se había gastado en otros fines”. El 25 de marzo de 2011, el acusado presentó en el Ayuntamiento un escrito de “renuncia de la subvención”, que fue aceptada por la junta de gobierno a propuesta de la delegación de Relaciones Institucionales, pero a pesar de ello “ni devolvió el dinero, ni presentó cuenta justificativa de la misma, desconociendo el destino de los fondos de ésta y otras subvenciones menores”.

La Fiscalía también se refiere en su escrito al programa para la adquisición de un horno incinerador para el cementerio de Colón de Cuba, que había sido adquirido por 34.500 euros, lo que conllevaba un sobrecoste de 22.675 euros, dado que el ex edil Carlos Vázquez entregó 60.000 euros en metálico para el proyecto. De las investigaciones, la Fiscalía considera que la compra del incinerador se había encargado “mucho antes” de la concesión de la subvención y que no consta acreditado el pago de la factura.

Caótica gestión

Otro proyecto consistía en la adquisición de material informático con destino a La Habana, para cuyo traslado viajaron “10 personas de comisiones obreras” por un importe de 9.875,27 euros. Los ordenadores se adquirieron el 30 de abril de 2009 y se pagaron el 19 de diciembre de 2012, “tres días después del abono de la subvención”.

El fiscal concluye que como consecuencia de la “desafortunada y fraudulenta gestión, no sólo del expediente 98, sino de otros y de la función en general se creó un desequilibrio patrimonial de 1.510.617 euros. De tal guisa era la caótica gestión, que a la liquidación de la fundación presentaba una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2011 de 16.000 euros y con la Agencia Tributaria de 83.673 euros”.

En julio pasado, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla exculpó al ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y al ex concejal de Economía y Empleo Cárcel Vázquez de la causa, por lo que la investigación sólo continúa contra el ex director gerente Miguel López Adán.

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas dictó un auto en el que acordó archivar la causa contra ambos ex concejales, al entender que “no resulta debidamente justificado el que con relación a tales investigados los mismos hubiesen participado en ilícito penal alguno”.

Así, el instructor decidió que la instrucción judicial continúe sólo contra el ex director gerente Miguel López Adán, al estimar que la subvención objeto de autos fue “solicitada a sabiendas de que no iba a poder llevarse a cabo la actividad para la que estaba destinada”.

El magistrado tuvo en cuenta un informe de la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla, que pidió expresamente que siga el procedimiento por un delito de “fraude de subvenciones” contra el ex director gerente, por entender que se solicitó la ayuda sabiendo que no se iba a destinar al fin, algo que el Ministerio Público deduce del “estado económico de la Fundación, su renuncia [a la percepción] y que no se justifica la realización de esas actividades”.

El fiscal añadió entonces que “antes al contrario, cuando se dispone el ingreso de la cuantía de la subvención se destina a otros fines a sabiendas por el propio imputado, produciéndose una desviación sustancial de los fines de la misma”.

La declaración de Torrijos

Antonio Rodrigo Torrijos declaró como imputado en el juzgado en noviembre de 2013 y aseguró al instructor que nunca pretendió "ocultar, perdonar o evitar" el pago de los 742.500 euros que el Ayuntamiento concedió a la fundación al declarar "concluso" el expediente sin iniciar el proceso para el reintegro de esta cantidad. En una comparecencia que se prolongó por espacio de seis horas y media, Torrijos señaló que cuando se declaró concluso este expediente -después de que en marzo de 2011 la Fundación renunciada a la subvención concedida en el expediente 98/08- se comunicó a la Intervención municipal y a la propia Fundación "a los efectos oportunos". Según el concejal de IU, en aquellas fechas existían "informaciones para resolver este problema ante un posible acuerdo entre la Fundación y la Intervención para llegar a un proceso de compensación", que incluso esta posibilidad está recogida en un informe posterior del interventor.

El edil añadió que como la Delegación de Relaciones Institucionales que él dirigía ya había comunicado que se había pagado en diciembre de 2009, en la delegación "quedaron a la expectativa", ya que además, de acuerdo con la normativa administrativa, "no había ni ha prescrito aún el plazo de cuatro años para la incoación de un expediente de reintegro".

Según Torrijos, el hecho de que no se iniciara el expediente de reintegro "no obedecía a decisión suya", aunque éste es uno de los motivos por los que la Fiscalía de Sevilla solicitó su imputación en la causa, al tiempo que para el Ministerio Público el concejal habría utilizado la Fundación "para fines particulares o partidistas" y "desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidas".

Por su parte, el ex delegado de Economía y Empleo Carlos Vázquez atribuyó en su declaración ante la juez los problemas de la misma al "régimen de subvenciones al que se la tenía sometida", toda vez que las ayudas procedían del propio Ayuntamiento hispalense.

Algunos expedientes relativos a proyectos de cooperación internacional subvencionados por el Ayuntamiento, según manifestó, "provocaban un quebranto en el patrimonio negativo de la fundación, porque las ayudas llegaban tarde y ocasionaban que no se pudieran ejecutar en plazo". "A veces", dijo, hubo que "anticipar el gasto" de dichas ayudas y, finalmente, la ejecución anticipada "no era reconocida como válida". "El responsable era el Ayuntamiento, que no materializaba las subvenciones en fecha ni las concedía tampoco en fecha".

Vázquez, además, atribuyó a López Adán el expediente correspondiente a la adquisición de un horno incinerador en La Habana, toda vez que "ni se ejecutó la subvención, ni se pagó por parte de la fundación, ni se reconoció como deuda". A López Adán le achacó también el expediente correspondiente a la adquisición de material informático para la central de trabajadores de La Habana. Sobre los 34.000 euros que Vázquez mismo entregó a López Adán para anticipar los gastos subvencionados de un programa de "becarios saharauis", defendió que ese dinero "lo tomó a préstamo de particulares" y de IU y que el propio López Adán le "devolvió" después el dinero, sin ser consciente de donde procedía el dinero en metálico correspondiente a la devolución.