Finalmente no podrá haber cámaras de vídeo en los patrulleros de la Policía Local de Sevilla. El Ayuntamiento instaló en marzo una serie de equipos de filmación de audio y vídeo en los vehículos policiales, pero lo hizo sin comunicar la medida a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, autoridad competente en materia de videovigilancia.

Fue a raíz de una denuncia del sindicato mayoritario en el cuerpo, el Sppme, y ya colocadas las cámaras en 48 de los patrulleros del cuerpo, cuando el gobierno local decidió pedir la autorización pertinente.

El Consistorio se escudó entonces en que los dispositivos se habían colocado porque formaban parte del contrato de renting de los vehículos, pero que no estaban operativos porque estaban pendientes de que su uso fuera permitido por la Subdelegación del Gobierno. Así al menos lo dijo el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, en una respuesta a una pregunta formulada por el PP.

Una de las cámaras instaladas en los patrulleros.

El jefe de la Policía Local, el superintendente José Medina Arteaga, explicó en una orden del cuerpo (el boletín que se envía a todos los agentes en los que se informan de todas las novedades del servicio) que las cámaras grababan en bucle y con cancelación automática de las imágenes pasado un tiempo estimado, así como que quedaba excluida la grabación del interior del patrullero. 

Una vez cursada la petición por parte del Ayuntamiento, el Ejecutivo central ha decidido no autorizar la instalación de las cámaras en los coches de la Policía Local. Así lo ha resuelto el subdelegado del Gobierno en la capital andaluza, Carlos Toscano, en un documento al que ha tenido acceso a este periódico.

Policías locales de Sevilla.

En dicho texto, el subdelegado recuerda que el Ayuntamiento le solicitó "autorización para la toma de imágenes y grabaciones sin sonido, mediante cámaras frontales ya instaladas en 48 vehículos patrulleros oficiales de la Policía Local de Sevilla".

El objeto de la solicitud era obtener autorización para utilizar esas cámaras, "con el fin de tener documentados digitalmente los recorridos efectuados por los patrulleros, la visualización de datos susceptibles de utilidad para la seguridad vial y ciudadana y las posibles actuaciones policiales que se produjesen en el campo de visualización de dichas cámaras".

Los aparatos grabarían imágenes pero no sonidos, y el ámbito de actuación sería el término municipal de Sevilla, salvo en ocasiones de emergencia excepcionales en las que se usarían fuera del mismo. Argumentaba el Ayuntamiento que las cámaras y las tarjetas de grabación no son accesibles desde el propio vehículo y sólo pueden ser manipuladas, verificadas y descargadas por personal cualificado de la Unidad de Informática de la Policía Local. El periodo de tiempo de utilización sería permanente.

El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, y el jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga (derecha), en la Jefatura.

La resolución de la Subdelegación hace referencia a la ley orgánica 7/2001, que regula la utilización de dispositivos móviles de toma de imágenes y sonidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta ley apunta que dicha medida "queda supeditada, en todo caso, a la concurrencia de un peligro o evento concreto".

El uso de los dispositivos móviles, añade la normativa, deberá estar autorizado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, "quien atenderá a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización de dichos dispositivos a los principios de tratamiento y al de proporcionalidad".

La ley añade que "las autorizaciones no se podrán conceder en ningún caso con carácter indefinido o permanente", sino que deben ser otorgadas "por un plazo adecuado a las circunstancias derivadas del peligro o evento concreto, por un periodo máximo de un mes prorrogable por otro". Por tanto, la Subdelegación deniega la petición del Ayuntamiento de Sevilla, a pesar de que ya se habían instalado las 48 cámaras.