Altos cargos de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta se reunieron este martes con las familias realojadas de la Corrala Utopía de Sevilla (en la glorieta San Lázaro) para trasladarles que el Decreto de la Junta sobre la función social de la vivienda servirá para presionar a Ibercaja (propietaria del inmueble) para alcanzar un acuerdo. La consejería no contempla expropiar el uso del edificio, pero sí presionar para su alquier social con la amenaza de una sanción que podría ascender a 324.000 euros anuales.

La consejería confía en que la mesa de negociación abierta (donde participan la Junta, el Ayuntamiento, la Corrala Utopía, Ibercaja y el Defensor del Pueblo como mediador) es el mejor de los cauces para alcanzar una solución. En esta mesa se pedirá a la entidad bancaria año de alquiler social, ampliable a dos, para las familias de la Corrala Utopía. Los responsables de la Junta se han comprometido también a que se "dejarán la piel" para buscar ese acuerdo que también es apoyado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que en los próximos días viajará hasta Zaragoza para negociar en persona con el director o el presidente de Ibercaja.

A la reunión en la Corrala Utopía acudieron Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda de la Junta, y Rafael Ibáñez, vicedirector de la empresa pública EPSA. Hace dos semanas los afectados se encerraron en la consejería para exigir compromisos claros de la Junta para solucionar la situación de las familias, que llevan más de 11 meses sin agua ni luz.

Meyer manifestó que la Corrala Utopía se ha convertido en un símbolo por la lucha por el derecho a la vivienda, y que el decreto es fruto de la presión social del Movimiento por la Vivienda y por la lucha de las corralas.

La consejería anunció que el edificio podría formar parte de las viviendas deshabitadas de Andalucía, según el nuevo decreto de la vivienda, y se podría sancionar a la entidad bancaria aragonesa con 324.000 euros anuales, si se aplicaran los 9.000 euros por vivienda vacía. Esta sanción "podría allanar el camino para una solución basada en un sistema de alquiler social".

Otro compromiso de la Junta es que se restablezcan los suministros de luz y agua para el edificio. La situación es "insostenible" tras más de 11 meses sin ellos. En caso de desalojo policial, la Junta buscaría soluciones colectivas.