Sobrecoste por "mala gestión" y penalización extra en forma de intereses. El resultado son ya hasta 165 millones que el nuevo Gobierno andaluz tiene que afrontar por imperativo legal al existir ya una sentencia firme contra la gestión del equipo socialista durante la ejecución del Metro de Sevilla.

El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado este martes una ampliación de crédito por 164.724.866 euros para hacer frente al pago de la sentencia por los “sobrecostes” que ocasionó el retraso de las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Una operación que compete a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que ahora dirige Marifrán Carazo.

Elías Bendodo y Marifrán Carazo, tras el Consejo de Gobierno.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha admitido que a la Junta “no le ha quedado más remedio” que dar este paso para pagar dicha sentencia como consecuencia de “la mala gestión” del anterior Ejecutivo socialista.

Según informó la Junta, con fecha de 25 de marzo de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla declaró firme la sentencia número 86/15 de 16 de abril de 2015, que reconoce el abono por parte de la Administración de 126.846.435 euros como consecuencia de los sobrecostes originados por el retraso en la ejecución del contrato, imputable a la administración, más los intereses legales.

De acuerdo con la sentencia, se establece la obligación de abonar 126.846.435 euros, a los que hay que añadir los intereses legales desde la fecha de reclamación en vía administrativa hasta su completo pago. El cálculo de los intereses con una fecha de pago establecida el 30 de julio de 2019 determina un importe de 37.878.431 euros.

La Dirección General de Movilidad ha solicitado incrementar los créditos de los capítulos 4 (transferencias corrientes) y 7 7 (transferencias de capital) del servicio autofinanciada del programa 51B (movilidad e infraestructuras viarias y de transportes) en las cuantías necesarias para que sea posible el pago de las deudas derivadas de la ejecución de la sentencia. La ampliación de crédito se financiará con los recursos ingresados en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en función de la Resolución de 11 de julio de 2019.