La Junta da la orden de pago de los 260.000 euros que debe en Viapol

La Consejería de Gobernación y Justicia dio ayer la orden de pago para saldar la deuda de más de 260.000 euros que mantiene con la comunidad de propietarios del edificio Viapol, donde la Administración autonómica tiene tres plantas en propiedad y más de una veintena de plazas de garaje. Fuentes autorizadas de la Consejería aseguraron ayer a Diario de Sevilla que se ha optado por la fórmula administrativa más rápida para cancelar la deuda, de tal forma que la comunidad de propietarios debe disponer de los fondos en menos de cuarenta y ocho horas.

La comunidad de propietarios de Viapol, tal como avanzó ayer este periódico, presentó recientemente una denuncia judicial para reclamar el pago inmediato de una total de 263.325 euros por los recibos de enero de 2010 a enero de 2012 correspondientes a las plantas sótano, baja, primera y segunda de este inmueble, alas que se accede por el portal B. En la planta subterránea, la Consejería de Gobernación y Justicia dispone de 23 plazas de garaje. En el edificio Viapol funcionan el Registro Civil, los juzgados de Primera Instancia y los de lo Contencioso. También en este edificio está la sala donde se celebran los enlaces matrimoniales por lo civil, dependencias de la Fiscalía y de las secciones sindicales de Justicia.

La comunidad de propietarios decidió el pasado 8 de noviembre por unanimidad efectuar la reclamación por vía judicial de las cuotas impagadas si, previo requerimiento formal, la Junta de Andalucía no reaccionaba poniéndose al día en los pagos, cosa que no se ha producido.

El proceso de reclamación de la deuda comenzó el pasado 25 de julio, como se detalla en la demanda presentada por el abogado Fernando Acedo, que representa los intereses jurídicos de la referida comunidad de propietarios. La denuncia precisa que ya han transcurrido cinco meses desde la primera notificación con tal motivo, así como que se han empleado diferentes vías para comunicar a la Consejería de Justicia su situación de morosidad, pero todos los intentos extrajudiciales de reclamación de la deuda han fracasado. La comunidad de propietarios de Viapol "no ha tenido otra opción que recurrir al amparo judicial en defensa de los derechos que la asisten en su condición de acreedora".