Tres expropiaciones con un coste de 55 millones para las arcas municipales. La Junta de Andalucía reclama al Ayuntamiento que inicie los expedientes de apropiación de sus propiedades por ministerio de ley sobre la parcela de la calle Betis que ocupaba la antigua comisaría de la Policía Nacional y unos terrenos de 150.000 metros cuadrados delimitados entre la Avenida de Kansas City y la N-IV en los que se encuentra el tanque de tormenta. Además, en las últimas semanas se ha formalizado una reclamación de 1,4 millones por el acuerdo a tres bandas (Consistorio, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y la empresa) que permitió la ampliación de la fábrica de Persan y el proyecto asociado para un centro de servicios sociales en la barriada de Palmete.

El Ayuntamiento acusa a la Junta de tratar de obtener compensaciones económicas por vía forzosa sin entrar siquiera a negociar. “Es difícil de entender esta estrategia de la Junta de Andalucía por la que obliga al Ayuntamiento utilizando la fórmula de la expropiación por ministerio de la ley a abonar un justiprecio por suelos sin previa negociación ni intento de alcanzar un acuerdo. Son suelos que además la administración autonómica podría desarrollar de acuerdo con el planeamiento. Contrasta con otros acuerdos alcanzados recientemente como la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de los suelos de los Jardines del Valle para la construcción del nuevo colegio”, sostienen desde el gobierno socialista.

Si el Ayuntamiento no acomete la expropiación de la parcela de Betis y de la franja de suelos en Kansas City, en el plazo de seis meses se entendería igualmente el inicio del expediente y la petición de indemnizaciones económicas por parte de la Junta. “O lo haces o lo haces. Este es el resumen de la postura de la Junta, que en ningún momento ha ejecutado en estos suelos de su propiedad ningún equipamiento público, en el primer caso, ni viviendas públicas, en el segundo, conforme a la catalogación que tienen en el PGOU”, argumenta el concejal socialista Antonio Muñoz.

El gobierno andaluz pide que se inicien los expedientes por ministerio de ley

En el caso de la parcela de la antigua comisaría, en noviembre de 2019 Junta y Ayuntamiento acordaron poner a disposición de la ciudad sus terrenos para destinarlos a la continuación del paseo fluvial. El equipo de Juan Espadas sostiene que nada se trasladó entonces de que la cesión de los suelos llevaría aparejada una compensación económica. Tras demolerse el edificio a primeros de este año, inmediatamente se reclamó el inicio del expediente de expropiación por parte de la Dirección General de Patrimonio. “Teniendo en cuenta que los suelos no han cambiado de calificación (sistema general de espacios libres) y que no tienen aprovechamiento lucrativo, su propietaria, la Junta de Andalucía, no tiene por qué traspasar la titularidad, sino ejecutar lo que establece el PGOU o llegar a un acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento con tal fin”, expone el gobierno socialista

La segunda reclamación atañe a la gran pastilla de terreno delimitada entre la avenida de Kansas City y la N-IV, atravesada en el lindero norte por la antigua Carretera de Carmona, cuyo titular es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Al contrario que en Betis, aquí se trata de un espacio urbano consolidado de uso público y que ha recibido inversiones reiteradas del Ayuntamiento, entre ellas la construcción del depósito de detención de aguas de Emasesa y la reurbanización del entorno como una gran plaza pública. “Atender a las pretensiones económicas de una empresa pública como es AVRA a través de un expediente de expropiación por ministerio de ley supondría un desembolso de varias decenas de millones de euros por parte del Ayuntamiento, algo inasumible”. El coste estimado por los técnicos municipales es de 50 millones.

El equipo de Espadas acusa al de Moreno de tratar de obtener ingresos sin negociar

Por último, AVRA ha presentado una reclamación al Ayuntamiento por 1,4 millones por los costes incurridos en la redacción del plan parcial y proyecto de reparcelación del SUS-DCA-1-Palmete previo al pacto entre Ayuntamiento, Junta y Persan que permitió el proyecto industrial para la ampliación de su fábrica y de construcción de un centro de servicios sociales en esta barriada, además de zonas verdes y espacios públicos. Desde el gobierno socialista apuntan que la propia AVRA fue partícipe y conocedora de estas operaciones, “y en ningún momento de la tramitación puso en conocimiento de que hubiera que compensarla por un proyecto en beneficio del interés general de la economía y el empleo de Sevilla y en unos terrenos donde AVRA no había desarrollado hasta entonces su cometido real: la construcción de viviendas públicas”.

El Ayuntamiento reclama a la Junta que reconsidere su actual política y busque otras fórmulas que permitan el desarrollo de los planteamientos urbanístico municipales “sin generar un agujero de varios millones en las finanzas locales”.