La Junta de Andalucía ha decidido recurrir la absolución dictada por el Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla en el caso de uno de los juicios contra miembros del clan de los Caracoleños -exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana-, que estaban imputados por un delito de usurpación tras ocupar las viviendas públicas que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado.

Fuentes del caso han indicado en este sentido, que se han celebrado ya casi una quincena de vistas que, en la totalidad de los casos, han registrado un fallo absolutorio, siendo este caso el único en el que la administración autonómica ha decidido recurrir la sentencia.

En algunos de los casos juzgados, el Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de sanción -que, en sus términos iniciales, y a expensas de modificaciones a la baja por circunstancias personales de los acusados, suponen una multa de 600 euros-, frente a los primeros procedimientos, en los que la Fiscalía decidió retirar las acusaciones.

El planteamiento ha sido el mismo en todos los casos, en el sentido de que las familias vivían en estos inmuebles desde antes del incidente, después del cual volvieron a ocupar los pisos que correspondían a sus propios domicilios.

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se autoexiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias

De la mencionada investigación administrativa se desprendió que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes.