La Fiscalía de Sevilla ha retirado la acusación contra cuatro miembros del clan de los Caracoñelos -clan exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana- que estaban imputados por un delito de usurpación tras ocupar las viviendas públicas que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado.

De este modo, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha acogido las dos primeras vistas orales por este caso, en la primera de las cuales han declarado como acusados la pareja compuesta por Vanesa S.M. y José J.C., quienes se han declarado inocentes y han asegurado que compraron por dos millones de las antiguas pesetas a su anterior inquilino la vivienda, ubicada en la calle Luis Ortiz Muñoz.  

Durante su declaración, Vanesa S.M. ha asegurado que llevan viviendo en el referido inmueble desde el año 2004, cuando su suegra le dio los dos millones de pesetas con los que pudieron pagar la vivienda, una compra-venta que quedó reflejada únicamente en un "papel" con los datos personales de ambas partes. "Llevamos viviendo en ese piso siete años", ha añadido, señalando que en el verano de 2009 se fueron de allí "por miedo y asustada", pero "a los seis u ocho meses volvimos, y en el piso no había nadie viviendo". 

Al hilo, Vanesa ha asegurado que entró con sus llaves en la vivienda, que además "no estaba precintada", y ha puesto de manifiesto que "no hemos recibido ninguna notificación desde la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en la que diga que nos tenemos que ir", mientras que su pareja, José J.C., ha ofrecido la misma versión de los hechos y ha asegurado que si la situación de su vivienda "se pudiera legalizar, yo lo hacía".

"Allí lo que se hace es lo que hicimos nosotros -en referencia a que no firman contratos de compra-venta ni inscriben la casa en el registro-, no se nos ocurrió poner el piso a nuestro nombre", según ha puesto de manifiesto José, quien ha añadido, asimismo, que "no nos han cortado nunca la luz o el agua". 

En este juicio ha declarado como testigo Diego G.O., gerente de la Oficina de Rehabilitación del Polígono Sur, dependiente de EPSA -que no se ha personado en este caso como acusación particular-, quien ha confirmado que esta pareja vivía en ese inmueble desde el año 2004 y que en ningún momento requirieron a los acusados para que abandonaran la vivienda. 

A esto ha añadido que fue en abril de 2009 cuando EPSA precintó un total de 41 viviendas, "y cuando se saltaron los precintos, EPSA denunció porque no sabía si los asaltantes eran los mismos que vivían allí antes del precinto u otras personas distintas". El gerente de la Oficina de Rehabilitación del Polígono Sur ha apuntado la posibilidad de que se pueda regularizar la situación de estos inmuebles. 

"Venimos del chabolismo"

Tras este juicio, se ha celebrado otra vista oral contra Sergio J.P. y Rafaela R.C., quienes han reconocido que compraron el piso "de palabra" y el propietario les dio las llaves del mismo y ellos el dinero, asegurando que volvieron a su domicilio y abrieron la puerta con sus propias llaves, encontrando en el interior del piso sus muebles y enseres. "Nunca nos dijo nadie que nos teníamos que ir de allí, ni que había un precintado", han añadido, señalando Rafaela que "no sabíamos nada de las cosas de la casa, pues venimos del chabolismo". 

Al término de ambos juicios, el fiscal ha retirado las acusaciones contra los cuatro imputados, pues "difícilmente se puede decir que EPSA sea el titular de las viviendas, ni que lo sean los acusados, pues no hay papeles", aseverando que "lo que motivó el precinto de las viviendas fue una situación de conflicto, y además se admite por parte de EPSA la posibilidad" de regularizar la situación de estos inmuebles en un futuro. "Fue más un conflicto que una usurpación, y por tanto no nos encontramos ante un delito de usurpación", ha sentenciado. 

Tras ello, la juez ha anunciado que, al no existir acusación particular, se ceñirá a lo interesado por el Ministerio Público, que inicialmente pedía que cada uno de los acusados pagara una multa de 600 euros, y dictará en los próximos días una sentencia absolutoria.

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se autoexiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias 

De la mencionada investigación administrativa se desprendió que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes.