"¿Qué soy yo, un asesino? ¿Por qué no me dejan ver a mi nieta?". Con esta pregunta concluía este miércoles su intervención Miguel Ángel, un chatarrero de la barriada de San Jerónimo que lleva 700 días sin ver a su nieta. Junto a su mujer, Ana, se convirtieron en la familia de acogida de la pequeña meses después de que naciera, al encontrarse totalmente desprotegida por su madre. La Junta, que en un principio apoyó que se hicieran cargo de la menor, decidió a finales de 2015 que la entregaran a los Servicios Sociales para dársela a otra familia.

Sólo les quedaba la posibilidad de verla una hora cada 15 días. El consuelo duró poco. Después del tercer encuentro, y siguiendo el dictamen de unos técnicos, la Administración autonómica decidió suprimir las visitas por la "alteración emocional" que sufría la niña cuando veía a los abuelos. Éstos, no conformes, recurrieron a la Justicia, que les ha dado la razón en dos ocasiones. La primera vez, en junio de 2016. Y la segunda, el pasado mayo, tras la apelación de la Junta a la Audiencia Provincial. Sin embargo, a día de hoy, siguen sin saber cuándo podrán ver a su nieta. Ya han presentado tres escritos a la Consejería de Bienestar Social. Peticiones que han caído en saco roto.

A Miguel Ángel le cuesta trabajo reprimir las lágrimas cuando habla de Estrellita, el nombre ficticio con el que se refiere a su nieta para no vulnerar la protección de la menor. Su mujer, sus dos hijos y él lo han aceptado todo. "Siempre han estado dispuestos a llegar a un acuerdo con tal de que la niña se encuentre bien", recordó el abogado de la familia, Gabriel Velamazán. En su día recurrieron la decisión de la Junta de retirarles la menor, de la que eran acogedores tras otorgarles los Servicios Sociales dicho estatus en septiembre de 2013. El Supremo no admitió el recurso de casación que presentaron. Empezaban entonces a librar otra batalla: la recuperación de las visitas, que habían quedado restringidas a una vez cada 15 días. Sólo se produjeron tres encuentros.

Tras el último (el 20 de abril de 2015) la Junta decidió suspenderlos. Lo hizo al seguir los criterios de los técnicos de la Asociación Márgenes y Vínculos, cuyo dictamen resultó determinante. Según los especialistas, y como recogía la primera de las sentencias, la menor "esquivaba a sus familares, mostraba evidente rechazo hacia ellos y existía chantaje emocional por parte de éstos; por lo que la visita era caótica y perjudicial para la niña".

En el fallo que dictó el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevilla se consideró que la decisión de suspender cauterlamente las visitas a los abuelos había sido una medida "totalmente desproporcionada, ya que fueron los actores [abuelos] quienes se encargaron del cuidado de la menor a muy corta edad, en un estado de abandono total por parte de su progenitora, sin que desde dicho momento hasta el año 2014 se cuestionasen sus aptitudes como acogedores". La sentencia abundaba en que el interrogatorio realizado a ambas partes ponía de manifiesto que "la menor estaba en todo momento feliz con ellos y que en el desarrollo de las visitas ningún profesional llamó la atención".

La Junta apeló a la Audiencia Provincial, que el pasado 29 de mayo volvió a darles la razón a los abuelos, al entender que el restablecimiento de las visitas "propiciará no sólo una mayor adaptación de la menor a la familia de origen, sino el mantenimiento de la vinculación afectiva con sus miembros".

Después del último fallo, la defensa de esta familia se ha visto obligada a presentar tres escritos ante la Consejería de Bienestar Social para que se cumpla la sentencia. La Junta ni siquiera les ha contestado. Por tal motivo, estos abuelos convocaron este miércoles a los medios de comunicación para hacer pública su petición. El letrado Gabriel Velamazán explicó que desean evitar la solicitud de la ejecución de la sentencia, pues este nuevo trámite supondría retrasar el encuentro entre los abuelos y la niña, y por consiguiente, la pérdida de afectividad de la menor.

El abogado también exigió que cuando se lleven a cabo los encuentros se hagan con la presencia de "profesionales de nuestra designación que supervisen su desarrollo" y que durante el transcurso de los mismos se permita tomar fotografías.

La consejera de Bienestar Social, María José Sanchez Rubio, evitó este miércoles pronunciarse sobre cuándo comenzarán a efectuarse las visitas, tras el último fallo en contra de la Junta. Sánchez Rubido prefirió no hablar "para proteger a la menor" y aseguró que su departamento sigue "los criterios de los profesionales".