La Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de andalucía anunció ayer la creación, este mimo mes, del primer depósito judicial público que existirá en Andalucía y que se ubicará en unos terrenos de la barriada sevillana de Bellavista.

La creación de este depósito pionero, que estará en unos suelos junto al silo de Bellavista y contará con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, viene a solventar los problemas que se registran desde hace años para el depósito de vehículos que han sido intervenidos en procedimientos judiciales. Hace más de tres años, en enero de 2007, la Unión Federal de la Policía (UFP) convocó una protesta por el abanadono de vehículos junto a las puertas de la Jefatura de Policía de Blas Infante.

La protesta llevó a la Consejería de Justicia, que entonces presidía María José López, a sacar un concurso público para el depósito de vehículos, con un presupuesto de de 230.000 euros. A finales de septiembre del pasado año, la empresa Lorenzana, que se encargaba del depósito en unas inatalaciones situadas en el polígono Fridex de Alcalá de Guadaíra, abandonó el servicio por "falta de pago", según explicaba la propia empresa en un cartel colgado a las puertas de las instalaciones.

La experiencia piloto que ahora ha puesto en marcha la Consejería de Gobernación y Justicia con el primer depósito público supondrá, según informó ayer la Junta, un "importante ahorro económico", puesto que la gestión del servicio dependerá directamente de la Administración. A partir de ahora, el depósito tendrá un coste fijo para cubrir el servicio, con independencia del número de efectos que se depositen en el mismo.

En este almacén serán trasladadas las piezas intevenidas en los procedimientos judiciales, como los vehículos y motocicletas sometidos a embargos, o las embarcaciones intervenidas en las operaciones policiales que se realizan contra el narcotráfico en el río Guadalquivir.

Según la Administración autonómica, el nuevo sistema de gestión pública contribuirá a la "autofinanciación del servicio" mediante el cobro de los gastos del depósito en los casos en los que se produzca una condena, es decir, cuando el propietario del vehículo o del efecto intervenido le sean impuestas las costas procesales tendrá asimismo que hacer frente a los gastos que ha generado el tiempo que ha estado depositado el bien en las instalaciones públicas.

Si finalmente el objeto almacenado sale a subasta pública, los beneficios también redundarán en la financiación del servicio.La Consejería de Justicia avanzó igualmente que está previsto que se realice un inventario periódico de los efectos depositados en el nuevo almacén, con la finalidad de llevar un "control exhaustivo de las piezas intervenidas para tratar de evitar que los gastos de custodia superen el valor de los bienes depositados".