La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, defendió ayer que su departamento ha dejado de pagar varios alquileres de la sede judicial de Viapol al entender que la inmobiliaria “quiso especular” con un precio que superaba la media de la zona y que la Administración estimó que era un sobreprecio “abusivo” para los intereses de los andaluces. La inmobiliaria Viapol, propietaria del inmueble, presentó una demanda por impago contra la Junta, que está dispuesta a trasladar los juzgados afectados por estos contratos a otras dependencias del mismo edificio que se han quedado libres con la mudanza a la nueva sede de la Buhaira –el edificio puente de Noga– de los juzgados de lo Social, según explicaron ayer fuentes de la Consejería. La propia consejera explicó que la subida que pretendía la inmobiliaria “no es razonable”.

La elegación provincial de Justicia tenía siete contratos de alquiler en el edificio Viapol y en febrero de 2009 venció el primero de estos contratos, por los que se estaba abonando 13 euros por metro cuadrado. Cuando la Junta estaba negociando con la inmobiliaria, ésta reclamó 18 euros por metro cuadrado, de manera que la Consejería dio traslado a la dirección general de Patrimonio, que denegó la firma de un contrato de alquiler de esas características.

La Junta había llegado a ofrecer hasta 17 euros por metro cuadrado, pero la inmobiliaria no cedió en su petición. En julio pasado venció el siguiente contrato y la negociación, según la Junta, fue en el mismo sentido que la anterior, aunque las cantidades variaban. Como quiera que los juzgados no se podían quedar en el calle, Justicia optó por mantenerlos en el edificio Viapol, pero dejó de pagar el alquiler al no existir un contrato en vigor, según dijeron las mismas fuentes. La consejera señaló ayer que la deuda con la inmobiliaria es “muy pequeña”, aunque garantizó que “por supuesto se va a pagar” si bien “ahora no se puede por problemas administrativos de resolución del contrato”. Los juzgados no se van a cerrar “porque son servicios públicos de primera necesidad”, dijo la consejera de Justicia, quien insistió en que su departamento debe defender el dinero “de los andaluces”.