De Llera espera desde hace seis meses una respuesta

Lo que comenzó con muy buenas intenciones por ambas partes parece que ha concluido en un nuevo estancamiento del proyecto de la Ciudad de la Justicia, lastrado no sólo por la crisis económica y los recortes presupuestarios, sino por la falta de consenso entre las administraciones implicadas en impulsar el proyecto.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, y el alcalde, Juan Ignacio Zoido, acercaron sus posturas en el primer y único encuentro oficial que han mantenido hasta la fecha sobre el asunto. En esa reunión, que tuvo lugar el 11 de junio, la Junta se comprometió a estudiar la propuesta del Consistorio hispalense para ubicar el complejo judicial en el Prado de San Sebastián, pero seis meses después el Ayuntamiento aún no ha facilitado a la Administración autonómica los dato técnicos del proyecto, ni siquiera después de que se haya reclamado en dos ocasiones información al Consistorio: a través de un correo electrónico y de una carta remitida al delegado de Urbanismo, Maximiliano Vilches.

La ausencia de respuesta del Ayuntamiento, unido a la imposibilidad de afrontar a corto plazo una infraestructura de esta magnitud, es lo que ha llevado a la Junta a programas una serie de obras urgentes en los edificios del Prado de San Sebastián en las que se van a invertir casi tres millones de euros en los próximos años.

El Plan Parcial de Los Gordales destina una superficie de 26.246 metros cuadrados para servicios terciarios y para la Ciudad de la Justicia. La idea de la Junta expuesta antes de las elecciones, cuando se produjo la cesión de la parcela de titularidad municipal de 6.918,45 metros cuadrados, pretendía agilizar todos los trámites administrativos para llevar a cabo una primera fase del proyecto de campus judicial, en el que se levantarían dos edificios con una edificabilidad total de 86.188 metros cuadrados, lo que representa 26.000 metros cuadrados más de los que actualmente ocupan los órganos judiciales que hay en Sevilla.

En su día, la Junta se había opuesto a hacer la Ciudad de la Justicia en el Prado de San Sebastián porque, entre otros motivos, uno de los solares que se utilizarían es propiedad de la empresa de autobuses urbanos (Tussam), a la que habría que indemnizar con más de 30 millones de euros.

También habría que construir nuevas cocheras para el tranvía y además, según la Junta, no se habría tenido en cuenta el coste que supondría conectar mediante sótanos todas las sedes judiciales en el Prado de San Sebastián, según la propuesta lanzada por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.