En tiempos de pandemia sanitaria como el actual, todos los recursos disponibles son necesarios. Sevilla cuenta con cinco hospitales públicos que, sin llegar a desbordarse, se han visto superados en los últimos tres meses. Hay un sexto, el Hospital Militar Vigil de Quiñones. Cerrado hace más de 15 años y que bien podría haber aliviado una crisis sanitaria sin precedentes en los tiempos modernos. Un lugar sin uso y prácticamente abandonado a su suerte en concreto desde que la Junta de Andalucía adquirió sus derechos en el acuerdo de 30 de junio de 2004. Entonces, la hoy ministra de Hacienda, en esa fecha Consejera de Salud, María Jesús Montero, junto al director gerente del SAS en esas fechas, Juan Carlos Castro Álvarez, a la sazón representante del SAS al ser en esa fecha, al que fuera teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo, y director gerente de la gerencia de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa, Julián Sánchez Pingarrón, firmaron la compra por parte del Gobierno andaluz de las instalaciones sanitarias y todo su equipamiento por más de 34 millones de euros (34.462.034).

Desde entonces, la única información clara que ha circulado sobre este edificio sanitario es que tras 16 años sigue cerrado pese a un déficit de camas hospitalarias que en Sevilla se estima de más de 2.500 unidades. Ni el gobierno antes del PSOE ni el de ahora de PP y Ciudadanos han dado nunca un paso en firme hacia adelante con este edificio.

Respecto a su cierre y posible apertura, sí han sido varias las noticias publicadas en los últimos años. De los problemas estructurales que anunció el actual consejero de Salud, Jesús Aguirre, en febrero de 2019 y que hacían necesaria una "gran inversión" para su puesta en marcha y el vandalismo y saqueo durante años que, por falta de vigilancia, han hecho que falten muchos aparatos y kilómetros de cables de cobre, a la inminente puesta en marcha en esta legislatura que aseguró el presidente Juanma Moreno, días antes de la llegada del Covid-19 a Andalucía, son las últimas informaciones sobre el Hospital Militar.

Más de 15 años en los que sí ha habido inversiones destinadas a obras que no llegaron a acabarse y que no han servido para la puesta en funcionamiento de esta infraestructura sanitaria y en las que se han llegado a destinar más de 40 millones, que no han llegado a gastarse al completo por resolverse los contratos antes de su finalización.  

En el contexto sanitario actual en el que la pandemia del Covid-19 ha revelado la debilidad del sistema público andaluz, desde la asociación Marea Blanca, y bajo la representación del letrado Francisco Tejado, también miembro de la misma, ha elevado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía una reclamación para pedir se les permita una visita a las instalaciones para conocer precisamente en qué se invirtieron esos gastos en obras inacabadas y por qué se paralizaron y, sobre todo, conocer "de primera mano" su estado de abandono, tras la negativa del Gobierno andaluz.

La reclamación ante este órgano llega después de que tras meses de insistencia ante el Gobierno andaluz, éste haya "inadmitido" ciertas peticiones y estimado "parcialmente" otras. Entre las informaciones reclamadas se incluye la explicación de una serie de gastos en obras que, como se puede comprobar en la documentación facilitada a este medio, fueron resueltas antes de concluirse y en las que se invirtió un dinero "que no ha servido para nada". En este sentido y a fin de "poder comprobar cuál es el estado actual de las instalaciones" y "conocer en qué se ha gastado ese dinero público", la asociación ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Junta visitar las instalaciones junto a los responsables de las mismas, arquitectos y medios de comunicación. Una petición que, aseguran, ha sido negada al igual que otras como "la entrega de los informes que, si los hubiere, aprecien daños estructurales", "la información y compromiso sobre plazos de reapertura" y "una entrevista en la que debatir la situación en la que se encuentra el edificio".

Entre la información que sí ha sido facilitada, destaca el letrado Tejado, consta un informe sobre el inventario de bienes muebles, equipamientos e instrumental que en el momento de la transmisión se encontraban en el edificio e instalaciones del Hospital Militar, y cuyo valor ascendía a "1.439.216,25 euros" –recogen los documentos citados–, y sobre los que, según consta en el mismo, "el SAS no tiene datos de la adscripción de esos materiales". "Curiosamente, desde la Consejería de Salud cuando nos hace entrega de la documentación que se comenta se dice que no se sabe a donde hayan podido ir ni cual ha sido su destino", destaca el letrado. "Aquí nadie ha tenido control, no ha hecho fiscalización, no ha tenido la mínima precaución de vigilar, que era su deber, para que no se produjese ese latrocinio que se ha llevado a cabo", sentencia.

Respecto a las inversiones en obras, Marea Blanca reclama una explicación al "gasto de importantes cantidades de dinero público que no han servido para nada". "Que cuanto menos, paguen de sus patrimonios el costo de lo que a la ciudadanía le haya supuesto dicho, cuanto menos, negligente actuación", recalca. En este sentido, la documentación facilitada por la Junta recoge grandes actuaciones cuyos contratos fueron resueltos antes de ser acabadas. Se trata, por un lado, de la modernización y adaptación de las instalaciones, que supuso una inversión de 9,5 millones de euros y finalizó en 2010, concluyendo con el traslado de equipamientos al Hospital Virgen de la Nieves de Granada y Virgen del Rocío en Sevilla ante la falta de disponibilidad presupuestaria referida para acometer a corto/medio plazo las inversiones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo hospital. Por otro lado, las obra de ampliación y reforma de la sede administrativa, con una inversión prevista de 12,8 millones de euros que se iniciaron en septiembre de 2010, mismo mes en el que se dictó una suspensión temporal y de la que ya nunca llegaron a reanudarse. También constan las reformas de los quirófanos, consultas externas y hospital de día en 2007 por un importe de un importe de 11,4 millones, que, aunque llegaron a ejecutarse al 96%, el contrato de obras acabó resuelto antes de su conclusión. Por último, las obra de hospitalización y áreas auxiliares por más de 20 millones, que se iniciaron en 2010 y cuyo contrato de obras también fue resuelto en 2016 cuando se encontraban al 60% de ejecución.

"La sanidad no es un negocio, es un derecho humano y por ello, no nos valen las palabras, nos valen los hechos y por eso reclamamos conocer en persona el estado de las instalaciones. Lo que pedimos es que se investigue el uso del dinero de todos los andaluces para que si se ha hecho un uso indebido del mismo, cuanto menos, si es posible, que quien ha hecho esta nefasta gestión, que lo tenga que pagar, pero que lo haga de su bolsillo", manifiesta el letrado.