El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha presentado un recurso ante la Audiencia de Sevilla en el que reclama al tribunal que se archive las actuaciones contra él por su imputación en la causa de la adjudicación "fraudulenta e ilegal" de la venta de los suelos de Mercasevilla, aplicándole la norma más favorable, como hizo la juez Alaya con los seis empresarios que intervinieron en el concurso y de los que se considera prescritos los delitos. 

En el recurso, el abogado José Manuel Carrión, que defiende a Fernando Mellet, asegura que los empresarios -entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez- habían intervenido de forma activa en el concurso público y de aplicarse el plazo de prescripción de cinco años "conforme a la interpretación más favorable hacia el reo en los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y de fraude y excepciones ilegales, ya en el año 2011 habían prescrito los mismos". Sin embargo, esta causa comenzó en 2009. 

La defensa argumenta que se ha producido un trato discriminatorio a Fernando Mellet por la "diferente aplicación de la norma más favorable", que no se ha llevado a cabo respecto al ex gerente del Mercado central porque se mantienen los cargos al aplicar "la teoría de que es funcionario público". 

Según el letrado, lo que genera una "situación desigual es la distrofia que supone enunciar que no existen indicios de prevaricación en este momento para aquellos empresarios y mantenerlos respecto de mi representado, pues, al igual que no se infiere la menor acreditación de la inexistencia de los mismos, tampoco se exponen cuáles son los mínimos indicios que recaen sobre el actuar de mi mandante". La defensa considera que se ha llegado a conclusiones diferentes respecto de "situaciones iguales" a pesar de que la intervención de Fernando Mellet se realizara desde la perspectiva de "ser la empresa organizadora del concurso y no ser una de las que realizaron oferta al respecto". El ex gerente, continúa, "nunca ha actuado de tal forma que dictara una resolución contraria a derecho generadora de injusticia", pues el ámbito de la jurisdicción penal "no puede confundirse con la Contenciosa-Administrativa". 

El abogado de Mellet insiste en que continuar el procedimiento contra el ex gerente únicamente porque se le ha atribuido la condición de funcionario público "no es mínimamente suficiente para estimar" que concurre la existencia de un delito de prevaricación o de un delito de fraude y exacciones ilegales cometido por funcionario público y tampoco de maquinación para alterar el precio de las cosas. 

Sobre este último delito, el abogado considera igualmente que habría prescrito, ya que habiéndose producido la reunión de la mesa de contratación el 9 de febrero de 2006 y la suscripción del contrato de otorgamiento de opción de compra el 23 de febrero y dado que la causa se inició el 27 de abril de 2009, habría prescrito el delito. El recurso señala, en concreto, que el plazo de prescripción sería de tres años al considerarse este delito menos graves y tener fijada una pena máxima de dos años, de acuerdo con la redacción del artículo 131 del Código Penal antes de la reforma producida en 2010.