Mercasevilla sigue en el alambre. El fracaso de la ampliación de capital diseñada por sus gestores para garantizar su equilibrio patrimonial y afrontar el pago de once millones de euros a la constructora Sando, en virtud de una sentencia judicial por el litigio de los terrenos sobre los que se asienta, mantiene a la lonja en una situación crítica que le obliga a entrar en concurso de acreedores.

Mercasa paralizó ayer la ampliación de capital de 5,4 millones de euros necesaria para evitar el embargo y sanear las cuentas del mercado central de abastos. La propietaria del 49% votó en contra de la inyección de dinero público en la junta general de accionistas convocada para revisar la situación económica y patrimonial. La decisión sorprendió a muchos. La empresa del Gobierno central esgrimió que se trata de la solución idónea para que Mercasevilla se pueda recuperar. La ampliación de capital tenía que ser aprobada por una mayoría cualificada (dos tercios). No salió adelante pese a contar con el apoyo del Ayuntamiento, que ostenta el 51%, y de los mayoristas, que no llegan al 1%.

La hoja de ruta ha cambiado ahora. La intención es tratar de negociar de nuevo con Sando y reunirse con Mercasa para conocer si quiere continuar dentro de la sociedad de Mercasevilla. Desde el gobierno municipal se llamó a la calma al disponer la empresa de tesorería suficiente "durante bastante tiempo" para mantener la plantilla y los compromisos con los proveedores. Para poder cumplir con esa ampliación de capital, el Ayuntamiento hizo una modificación presupuestaria que fue respaldada por el Pleno municipal.

La presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, defendió que solicitar el concurso voluntario de acreedores era "la única alternativa posible en estos momentos", y admitió que el mismo término de la medida suscita "preocupación", pero aseguró que "Mercasevilla puede hacer frente a sus compromisos de personal y de actividad, pagando a todos sus proveedores, porque dispone de un importante fondo de tesorería". Eso sí, Castreño admitió que, al no prosperar la operación de ampliación de capital, "cambia la hoja de ruta", y ahora lo que procede es "negociar de nuevo con Sando" y aclarar si Mercasa tiene "voluntad de continuar" en el capital social de Mercasevilla.

La oposición aportó su punto de vista. El concejal popular Alberto Díaz explicó que el concurso de acreedores era "la única opción viable para salvar" el mercado central de abastos, y recordó que "esta situación es producto de la nefasta gestión llevada a cabo en Mercasevilla años atrás por anteriores gobiernos, que no sólo ha motivado numerosos escándalos que están siendo juzgados en los tribunales, sino también una ruina económica". El edil destacó que "el gobierno de Zoido precisamente lo que hizo fue salvar y sanear Mercasevilla. Se pasó de no poder pagar a los trabajadores ni a la Seguridad Social, a tener un remanente positivo de tesorería y haciendo solvente a Mercasevilla". "Por nuestra parte seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar la viabilidad de la empresa como venimos haciendo en los últimos cuatro años", concluyó Díaz.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, manifestó su "enorme preocupación" y recordó el "expolio, mala gestión e irresponsabilidad absoluta" que ha sufrido esta empresa, hasta convertirse en un "pozo sin fondo" para las arcas públicas. Millán solicitó que "se encuentre una fórmula jurídica" que "minimice" el impacto que afronta la empresa, pidiendo además que se garanticen los empleos y salarios, así como la actividad del recinto. El concejal de Participa Sevilla Julián Moreno lamentó que "Sevilla no se puede convertir en la primera gran ciudad sin un mercado central público".

Para entender la situación a la que ha llegado el mercado central hay que remontarse a 2005, en el segundo mandato de Monteseirín, que gobernaba entonces con IU. Sando había firmado con Mercasevilla un contrato para la cesión de unos terrenos donde la constructora levantó varias naves. Años después, Sando denunció a la sociedad de participación municipal por no facilitarle el suministro eléctrico en dichas instalaciones. El primer fallo judicial llegó en 2014 con la condena a Mercasevilla al pago de 6,9 millones, cantidad en la que no se incluía el canon que Sando había dejado de pagar entre 2009 y 2014, periodo de litigio judicial. 

El mercado central recurrió la sentencia ante la Audiencia, que corrigió la del juzgado de primera instancia, al entender que Sando estaba exenta de pagar el canon. Este fallo elevó la condena a 8,9 millones, lo que sumado a los intereses de demora, supone una indemnización de casi 12 millones. La sentencia se encuentra recurrida ante el Supremo, pero Mercasevilla decidió -al poco de hacerse el PSOE con la Alcaldía- ampliar el capital ante las consecuencias que tendría la ejecución provisional del fallo.

El comité cree que la situación es fruto de la "excesiva judicialización"

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, opinó ayer que la situación que atraviesa la sociedad mixta deriva de su "excesiva judicialización". "De aquellos barros, estos lodos", señaló Rafael Domínguez, quien recordó que hace años la plantilla ya reclamó a las autoridades un "pacto por Mercasevilla" para sacar a la empresa de la refriega política, si bien el Partido Popular "fue el único partido que se quedó fuera" de la iniciativa. "Aquí tenemos ahora las consecuencias", aseguró el presidente del comité de empresa que pertenece al sindicato de Comisiones Obreras, quien argumentó que el litigio de la constructora Sando contra Mercasevilla es fruto de la "parálisis" del mercado al estar sumido en un contexto de "judicialización" general. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) recurridos por el comité en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, y las causas judiciales abiertas por la deficiente gestión política de la empresa han debilitado hasta el extremo a Mercasevilla. Si se habla de la plantilla, la lonja ha perdido a 174 empleados públicos en algo más de una década después de tres ERE llevados a cabo en los años 2003, 2007 y 2013, y funciona con la mayor parte de sus servicios privatizados.