Un ex alcalde retorna a la vida pública. El socialista Alfredo Sánchez Monteseirín será nombrado delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla, por lo que tendrá que dejar su actividad profesional como alto directivo en la inspección sanitaria. Monteseirín dejó la política en 2011 tras renunciar a ser candidato a la Alcaldía de Sevilla por cuarta vez. Ha sido el alcalde que más años ha durado en el cargo: tres mandatos, uno apoyado en el PA y dos en IU. Desde que abandonó el Ayuntamiento ha mantenido un perfil discreto y sin conceder entrevistas hasta que a finales de enero aceptó pronunciarse por primera vez sobre asuntos de actualidad a petición de este periódico.

De 60 años de edad, ha mantenido su vinculación con el PSOE y el contacto con algunos de sus principales colaboradores en los años de Alcaldía: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que hoy toma posesión como delegado del Gobierno en Andalucía, y el catedrático Manuel Marchena.

El nombramiento como delegado especial del Estado para la Zona Franca corresponde al Ministerio de Hacienda, que dirige la ministra andaluza María Jesús Montero. A nadie escapa que Celis ha sido clave en la promoción del ex alcalde. Monteseirín habría tenido otros ofrecimientos para retornar a la vida pública, pero el de la Zona Franca sería el más idóneo para su perfil: no tiene que dejar de vivir en Sevilla y es un proyecto donde queda mucho, o casi todo, por hacer.

Monteseirín sustituirá en el cargo al catedrático Javier Landa, ex concejal del PP en el mandato de Zoido. La actividad y el desarrollo de este recinto, ubicado en suelos del Puerto, depende de un Consorcio integrado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Zoido fue el gran impulsor de la creación de este recinto. Landa destacó recientemente que su objetivo al frente de la delegación consistía, fundamentalmente, en poner en marcha la Zona Franca de Sevilla como tal, por lo que considera que ha cumplido la labor.

La financiación de este recinto fiscal está garantizada en 2020 gracias a dos novedades: la incorporación de las potentes empresas asentadas en el polígono Astilleros, que elevarán a 125 hectáreas la superficie total de la zona franca (ahora tiene 72 hectáreas), y la medida incluida los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que permitirá que la zona franca sevillana se autofinancie con al menos un 75% del impuesto de sociedades que pagan las empresas instaladas.