Un matrimonio sevillano ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras haber sido condenado a pagar una multa de 900 euros por un delito de usurpación de una vivienda pública de Emvisesa en la barriada de Sevilla Este, en una sentencia que además acuerda el desalojo inmediato de la vivienda. El matrimonio, que tiene dos hijas menores de edad, sostiene que no "okuparon" el piso, sino que fueron víctimas de un engaño por un falso empleado municipal que les ofreció el acceso a la misma en el año 2012, pero esta versión ha sido descartada por las dos sentencias dictadas por un juzgado de lo Penal y la Audiencia de Sevilla, que califican de "burda e irreal" esta versión.

El abogado Francisco Tejado Vaca, que representa al matrimonio, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar evitar el desalojo de la familia y también ha acudido a la defensora de la ciudadanía de Sevilla, a la que ha expuesto que la pareja fue víctima de un "engaño" por parte de un desaprensivo que se "identificó como empleado de Emvisesa y ofertó a finales de octubre de 2012 a personas que no eran propietarios ni beneficiarios de ninguna vivienda, acceder a uno de los pisos de promoción que dicha entidad había construido en Sevilla Este". Este supuesto engaño también se produjo a otras familias.

Según la versión de la familia, este trabajador municipal les entregó un "maletín", que aún conservan, con la documentación para la contratación de los servicios de agua y electricidad, las llaves de la vivienda, el mando del garaje, un fusible, etc.

El letrado alega que se trata de una familia trabajadora que, en el caso de ejecutarse el lanzamiento, se verían en una situación de "exclusión social", y añade que ha solicitado a Emvisesa que se les permita seguir viviendo en el piso o en su caso mudarse a una de las más de "20 viviendas vacías" que hay en la misma promoción. pero señala que desde la empresa se le ha dicho que primero debían abandonar el inmueble y después "ya se vería". De esta forma, "quedarían cuatro personas humildes, que forman parte de una familia trabajadora, en la calle, sin solución habitacional, en riesgo de exclusión social, y todo ello al albur de la mayestática decisión que pudiesen tomar", señala el letrado en el escrito remitido a la defensora de la ciudadanía solicitando su mediación.

En cambio, desde el Ayuntamiento señalan que esta pareja junto a otras familias "okuparon" de forma ilegal las viviendas en el año 2012, en el momento en que el inmueble iba a ser entregado a su legítimo adjudicatario, por lo que la entrega  se tuvo que suspender porque no accedieron a salir de la vivienda.

Estas familias plantearon que habían sido engañados por un supuesto agente de Emvisesa, pero una investigación policial constató que fue una "actuación organizada" por parte de este grupo para quedarse con las viviendas de forma ilegal. Y en el marco de las investigaciones, dos de las parejas admitieron que estaba todo organizado para quedarse con las viviendas vacías. De las investigaciones se constata además que un familiar de la pareja que ha recurrido al Constitucional fue quien supuestamente organizó toda la ocupación ilegal, añaden fuentes municipales consultadas por este periódico.

El padre de una de las personas de la pareja reside en el mismo edificio y otro hijo de éste se habría hecho pasar por él cuando le tocaba ser presidente de la comunidad, haciéndose con copias de las llaves de los cuartos de contadores, precisan.

Además, señalan que ha sido después de la sentencia cuando el matrimonio ha acudido "por primera vez" a la oficina de la vivienda, y ha puesto de manifiesto que desde 2012 hasta ahora no han requerido de los Servicios Sociales ni han solicitado una nueva vivienda. Así, llevan de baja del registro de demandantes de viviendas desde el año 2015. Y en todos estos diez años no han buscado ninguna alternativa habitacional ni han solicitado ayudas, concluyen desde el Ayuntamiento, que también afirma que es falso que el bloque esté lleno de viviendas vacías, dado que Emvisesa no tiene pisos desocupados que no estén en proceso de adjudicación o en reparaciones.