La concejal de Urbanismo, Lola Vallejo, reveló ayer que cuando la urbanización de Sport Aljarafe se entregó a principios de los años 90, varios propietarios denunciaron a la constructora y ganaron sentencias, que no afectan al Ayuntamiento, por defectos constructivos. Hoy la empresa no existe, quebró.

Los problemas no son nuevos en el barrio. Los más veteranos en Sport Aljarafe, como Antonio Martín -23 años residiendo- afirma que antes había un cortijo y una alberca. Él reside en la calle El Balcón, donde su hija tiene otra casa. No están desalojados, sí preoupados, y recordaba el socavón que se abrió en la carretera hace unos años y que se atribuyó a la rotura de una tubería de Emasesa. Era de lo mismo, está convencido. "En su día, hicieron cinco o seis casas más de las previstas en el proyecto, donde iban a ir las pistas de tenis", la obra estuvo paralizada, asegura, "ese peso está ahí", especula.

Apenas una treintena de afectados, de más de 120 viviendas, asistieron al Pleno de ayer

Algo alejada del bullicio antes del inicio del pleno, compungida, otra vecina prefería no decir su nombre a la prensa. Pero reconocía ser una de las desalojadas a finales de 2016, a pesar de que su casa es una de las pocas que tiene un "micropilotado" que un grupo afectados decidió poner por su cuenta hace ya diez años. "Nos costó el mismo precio de las casas, las hemos pagado dos veces", aseguraba. Reconocía que era extraño que, con once familias desalojadas y en la era de las redes sociales, un problema de tal gravedad no hubiera saltado a la prensa, la información ha estado muy controlada. Incluso ayer, apenas asistió una treintena de afectados al pleno. Alguno censuró que ni siquiera se les hubiera notificado que se iba a celebrar esa sesión, en la que se explicó un documento ténico que concluye que hay "riesgo real". "Me he enterado de casualidad, por la prensa y porque han empezado a llegarme mensajes por whatsapp esta mañana", dijo una vecina en el turno de palabra que se dio a los asistentes al final del Pleno. El alcalde instó a que se mejore esa comunicación que se ha tenido hasta ahora a través de la comunidad de propietarios.

El presidente de ésta, Manuel Acosta, tomó la palabra a su vez para aclarar que tras el pleno de ayer estaba previsto convocar una reunión de la comunidad para informar de todo, que él también estaba conociendo sobre la marcha un documento que se registró en el Ayuntamiento el viernes, día 10 de marzo. Al parecer, hay constituida desde hace meses una "comisión de obras" con técnicos del Ayuntamiento y vecinos de la comunidad.

Baltasar es uno de sus integrantes, está desalojado junto a su mujer y su hija desde abril de 2016 de una vivienda de la que aún está pagando la hipoteca. Ahora también afontan un alquiler. Según explicó, fue la comunidad de propietarios la que encargó los primeros estudios y presentó un "informe preliminar" al Ayuntamiento hace algo más de un año. A raíz de las primeras conclusiones, el alcalde firmó el primer decreto de desalojo de las casas con más peligro. Son las que presentan grietas visibles, de hasta 10 centímetros. Están apuntaladas. Luego se encargó el informe geotécnico al mismo equipo. La segunda tanda de desalojos se ordenó cuando, tras las lluvias de octubre pasado, se produjo una inclinación pronunciada, "brusca", según los técnicos, que revelaron los medidores de movimiento ya instalados en las casas.