La juez imputa a Rafael Pineda malversación por el viaje de seis técnicos a Cuba

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha imputado este miércoles al ex gerente de la empresa de Limpieza Pública (Lipasam) Rafael Pineda un delito de malversación de caudales públicos por haber autorizado el viaje de seis técnicos de la empresa a Cuba, unos gastos que el ex responsable público ha asegurado que están plenamente justificados, por lo que se ha mostrado "tranquilo" y confía en que la magistrada acuerde el archivo de esta causa.

La juez Patricia Fernández le ha imputado al inicio de la declaración un delito de malversación de caudales públicos por haber autorizado el pago de dos viajes de tres técnicos de la empresa a Cuba, con un importe que ronda los 6.000 euros, y el ex gerente de Lipasam ha alegado que esos viajes estaban justificados porque acudieron al Centro de Educación Ambiental para formar a monitores y asesorar en materia de recogida de residuos. Rafael Pineda ha explicado a los periodistas que ha manifestado a la juez que "en una empresa líder como Lipasam la forma de hacer cooperación internacional era prestar el conocimiento y formar a los técnicos cubanos".

Según el ex responsable de la empresa de limpieza, en el interrogatorio apenas si se le ha preguntado por la presunta venta irregular de varios centenares de vehículos abandonados que estaban custodiados en la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que dependía de la propia Lipasam. Pineda considera que en 2009 se enviaron 20 o 25 vehículos, con un valor máximo de 200 euros cada uno, y el dueño del desguace imputado sostiene que los coches enviados eran suyos porque los habían abonado.

En una providencia dictada el pasado 21 de noviembre, la magistrada imputó a Rafael Pineda y al que fue jefe de Relaciones Externas e Institucionales de Lipasam hasta 2009 y posterior jefe del servicio de Inspección Enrique Herbello Naveiro, que comparecerá el 16 de enero.

Estas diligencias, en las que figuran como imputados por cohecho y falsedad documental el responsable de la Oficina de Vehículos Abandonados y el propietario de un desguace, se remontan al mes de junio de 2012 y parten de la denuncia promovida por la Gerencia de la propia Lipasam.

La juez también ha tomado declaración este miércoles, en calidad de testigos, al que fuera director de Recursos Humanos de Lipasam entre febrero de 2010 y agosto de 2011, Manuel Torreglosa, y a Manuel Alejandro Pulido, en calidad de encargado del control de la gestión económica y las inversiones.

A este último, la juez lo había citado para "aclarar y ampliar" su declaración policial y para preguntarle "sobre la concreta intervención de Lipasam en la determinación de precios de los vehículos retirados de la vía pública tanto por el gestor autorizado como por la Policía Local y la empresa concesionaria del servicio de la grúa", así como para cuestionarle sobre "si pudo existir relación contractual con Desguaces A-92 previa a la que consta documentada".