Suspendido un guardia civil que cobró por dar protección a manteros

El Tribunal Supremo ha sancionado con seis meses de suspensión a un guardia civil que, en 2009, fue acusado de cobrar pequeñas propinas por alertar contra las patrullas de Policía Local sevillana a vendedores ambulantes irregulares. La Dirección General de la Guardia Civil suspendió durante cinco años al guardia, quien recurrió ante el Ministerio de Defensa, que rebajó a seis meses la sanción, no obstante lo cual el agente volvió a recurrir ante el Supremo, tribunal que ha confirmado la decisión del citado ministerio.

Una patrulla de la Policía Local advirtió que en la Isla de la Cartuja los puestos de los comerciantes autorizados en un mercado callejero eran ocupados, cuando éstos los abandonaban, por comerciantes irregulares o manteros. Cuando estos puestos fueron intervenidos los vendedores se mostraron extrañados porque, decían, ya habían pagado a dos agentes, que resultaron ser un guardia civil retirado y el expedientado, el Cabo 1º Juan Miguel P.E., quien no se identificó en ese momento pero sí fue señalado por los agentes municipales.

El servicio de información de la Guardia Civil desarrolló entonces una labor de vigilancia y pudo observar cómo el expedientado actuaba para los vendedores ilegales en funciones de control y seguridad. Para ello iba provisto de walkie talkies y carpetas con el mapa del mercadillo y sus puestos, que le sirvieron para alertar en varias ocasiones a sus "clientes" de la llegada de patrullas de la Policía Municipal.

En junio de 2009 su teniente coronel y su comandante decidieron abordarle y le requirieron que mostrara el contenido de la carpeta que portaba, en la que se encontraron croquis del mercado, anotaciones y, entre otra documentación, recibos de cobros por valor de 4 euros en cada puesto ilegal. El cabo reconoció que "estaba echando una mano a la Asociación de vendedores, que llevaba el control del mercadillo y cobraba una pequeña cantidad por puesto", una gratificación que cifró en "unos 50 o 60 euros".

Y añadió que "lo hacía porque necesitaba dinero extra, pues estaba un poco cogido por el tema de la hipoteca de su casa" y también que "no creía que estuviera haciendo nada malo, que no estaba trapicheando con droga ni nada". El Supremo responde al recurso del guardia sancionado que las alegaciones que hizo en su defensa ya fueron tomadas en cuenta para rebajar la sanción de cinco años a seis meses y que por tanto no tiene objeto volverlas a tener en cuenta.