El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha celebrado una vista para debatir la petición de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce de que se anule la grabación en la que supuestamente pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios.

Fuentes del caso han informado de que, en la vista celebrada en la sede granadina de la sala de lo civil y penal del TSJA, los abogados de los directivos han argumentado que la grabación "está viciada en sí" e incluso la reunión en la que hicieron la petición "está en su origen premeditada e instigada con la finalidad de obtener de los participantes manifestaciones autoinculpatorias que de otro modo no hubieran realizado".

En este caso, primero de los cuatro sumarios de Mercasevilla que llega a juicio, están imputados los ex directivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria M.R.P.B.

La Fiscalía ha pedido para cada uno de ellos 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa.

A la vista celebrada ante el TSJA no han acudido Mellet, Ponce ni Rivas pero sí lo ha hecho la funcionaria imputada y su abogado, pese a que no habían presentado ningún recurso, han precisado las citadas fuentes.

Los defensores alegan que debe declararse nula la grabación en la que dos empresarios del Grupo La Raza de hostelería recogieron, el 27 de enero de 2009, la petición de soborno como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

El defensor de Ponce sostiene que su cliente mantuvo una primera entrevista con los representantes de La Raza el 16 de enero de 2009, de la que no consta "ningún detalle, contenido, expresiones o concretas peticiones", salvo la negativa de los empresarios a las "propuestas deshonestas" que presuntamente les hicieron.

A continuación concertaron una segunda entrevista, el 27 de enero, que según el abogado "fue preparada para obtener determinadas manifestaciones", pues pese a la "tajante respuesta y clara repulsa" al pago de comisiones, los empresarios "con su sola presencia difuminaban su inicial negativa y alumbraban un beneplácito y aceptación".

En enero pasado, el magistrado que presidirá el jurado que verá este caso rechazó dicha interpretación y sostuvo que en el desarrollo de la conversación no se aprecia "en modo alguno una inducción o provocación" sino que las frases de los imputados "fluyen con total espontaneidad".

El magistrado también estableció que no se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones, que solo se refiere a la prohibición de "intervenir conversaciones" pero no cuando una persona "emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio", situación en la que "sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y las transmite".

Tras este sumario, la juez Mercedes Alaya abrió otros por delito societario en las cuentas de Mercasevilla, por lo que ha denominado "venta fraudulenta" de los terrenos y por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos pagados por la Junta en esta y otras empresas.