El rompecabezas judicial sobre los suelos de la Dehesa de Tablada en Sevilla no cesa. Los pleitos contra el Ministerio de Defensa se han intensificado desde que el Tribunal Supremo sentenció en julio de 2016 que la franja de 200 metros junto al río debe reservarse para dominio público marítimo-terrestre y que esta obligación debe cumplirla el Ministerio de Medio Ambiente por la vía de expropiaciones a los propietarios privados que compraron estos suelos.

La franja de dominio público no se puede reservar al ser los suelos privados, según dictaminó a posteriori la Audiencia en 2018

El último capítulo judicial es que los dueños de la Dehesa han recurrido a la Audiencia Nacional (juzgado central de lo contencioso) para que Defensa les indemnice por el dinero de más (46 millones) que pagaron por estos terrenos en 2001 a las cajas de ahorro sevillanas (agrupadas en el Consorcio Tablada SA), años después de recibir estas en subasta los suelos en 1997.

Ese recurso ha quedado paralizado hasta que se resuelvan en la Audiencia otros pleitos presentados por todas las partes (los dueños actuales y el Consorcio Tablada) para deshacer la subasta y la venta de estos suelos de forma definitiva, ya que en julio de 2018 la Audiencia dejó claro en un auto que es imposible que estos suelos puedan reservarse para dominio público marítimo-terrestre mientras sean privados.

Los dueños de estos suelos, un conglomerado de promotoras inmobiliarias agrupadas en Tablada Híspalis, han recurrido a la vía judicial de la Audiencia Nacional tras fracasar a finales de 2018 la vía administrativa para que el Ministerio de Defensa les indemnice por los daños y perjuicios que les ha causado, tras la compra de estos terrenos de Tablada, la obligación de tener a posteriori que renunciar a esa franja de 200 metros junto al río por sentencia judicial.

Las promotoras inmobiliarias dueñas de la Dehesa –entre las que figuran Urbanizadora Tablada, Inmobiliaria Osuna, Sando, Prasa, Venta de Terrenos y locales, Idus Capital y Global residencial– reclaman a Defensa una indemnización de 46 millones de euros, más los intereses generados desde la compra en 2001, lo que podría elevar esa cifra otros 40 millones de euros.

“Enriquecimiento”

La respuesta del Ministerio de Defensa fue denegar esta reclamación de responsabilidad patrimonial “por carecer su petición de fundamento”. Defensa expuso en su respuesta que este dinero deben reclamarlo al vendedor al que compraron los suelos. “Si algo tienen que reclamar al vendedor (Consorcio de Tablada S.A.) habrán de hacerlo en el orden jurisdiccional civil y no a este organismo que enajenó los terrenos a un tercero hace veinte años y desde ese momento entraron en el tráfico jurídico entre particulares y nada tuvo que ver, en las transmisiones que se hicieron posteriormente”.

El Ministerio responde también que las promotoras inmobiliarias siguen siendo dueñas de los suelos, y les reprocha que vengan a reclamar a la administración pública porque sus expectativas comerciales con esos terrenos no se hayan satisfecho y quieran ahora obtener un enriquecimiento injusto.

“Los reclamantes siguen siendo los propietarios de los terrenos y las compraventas realizadas en su día siguen siendo válidas pues no existe pronunciamiento judicial alguno que haya declarado lo contrario, cuestión diferente es que trascurridos veinte años desde los negocios jurídicos celebrados entre las empresas compradora y vendedora no se hayan satisfecho sus expectativas comerciales y las compras que en su día celebraron, por el precio pactado libremente, ahora no les parezcan tan rentables o beneficiosas y pretendan no solo anularlas sino además obtener un enriquecimiento injusto a costa de la administración”, dice Defensa en su respuesta.

Defensa admite que algunas de las fincas de Tablada están afectadas por la obligación de incluirlas en la zona de protección de dominio público y que esta afección se llevará a cabo por parte del Ministerio de Medio Ambiente “por un procedimiento expropiatorio”

Defensa subastó las 360 hectáreas de Tablada en 1997 por 36 millones y sus compradores (las cajas de ahorro sevillanas, denominadas Consorcio Tablada SA) las volvieron a vender en 2001 por el doble de dinero (82 millones) a una agrupación de promotoras inmobiliarias decididas a construir viviendas.

El problema es que la sentencia judicial del Supremo (2016) dejó meridianamente claro que la franja de suelo de Tablada de 200 metros junto al río no es subastable ni vendible porque pertenece al dominio público marítimo-terrestre.

El Supremo dio la razón al promotor Jesús López, que ha pleiteado dos décadas desde que quedó fuera de la subasta de Tablada, en su batalla para que el Ministerio de Medio Ambiente reserve la franja de suelo público.