Diversas asociaciones de trabajadores temporales en las administraciones públicas y sindicatos han convocado en Sevilla una nueva concentración para el domingo 11 de abril, que se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas ante la Torre del Oro, en contra de la contratación en fraude de Ley en estos organismos y para reclamar estabilidad laboral para todos los empleados del sector público en situación de interinidad, en cumplimiento de la Directiva1999/70/CE.

Es la quinta que se realiza en lo que va de 2021, cuando han tenido lugar dos caravanas, en las que participaron 600 vehículos, y dos concentraciones a pie ante la Delegación del Gobierno y el Parlamento de Andalucía. Como en ocasiones anteriores, se hará forma simultánea en otras muchas ciudades del país, incluida Madrid.

Entre los convocantes, están la Asociación de Temporales de la Diputación de Sevilla (ATD), la Plataforma de Personal Interino del Ayuntamiento de Sevilla contra el fraude de Ley e Interinos Ayuntamiento de Sevilla, la Asociación para la Defensa del Empleo en el SAE (ADE-SAE), el Sindicato de Interinos Justicia y Acción (Sijea), la Asociación de Personal Laboral Indefinido por Sentencia Jucial de la Junta de Andalucía, además de los sindicatos Ustea, Sat-Sab, USO, CGT y Sppme-A Sevilla.

Según recuerda el colectivo en un comunicado, la citada directiva del Consejo de la Unión Europea sobre trabajo de duración determinada, dice que no puede haber un abuso de los contratos temporales y que, en caso de que los haya, se debe imponer al empleador (en este caso la administración en la que ocurra) una sanción efectiva, disuasoria y compensatoria.

Según el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores, cuando hay sucesión de contratos de duración determinada a trabajadores de empresas privadas, se les tiene que reconocer la fijeza, situación que no se aplica a las diferentes administraciones públicas, ya que, ante el mismo supuesto, a estos trabajadores se les considera indefinidos no fijos, es decir, se les sigue considerando trabajadores temporales.

En esta línea, el colectivo demanda la reforma del Estatuto del Empleado Público para resolver una situación que afecta a más de 800.000 personas en distintas administraciones españolas. Según recuerdan, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Miquel Iceta , ha dicho ya que está trabajando en ello, "pero hay que seguir reclamando una solución justa y adecuada para todos los casos".