La Plataforma de Interinos del Ayuntamiento de Sevilla, la de Diputación y la Coordinadora Andaluza de Temporales contra el Fraude, que aglutina a personal de otras administraciones, han mantenido este jueves una reunión con el secretario de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, donde han registrado un escrito para pedir al equipo del presidente Pedro Sánchez que "reconozca públicamente este fraude" y paralice las ofertas de empleo público que afectan a plazas ocupadas por temporales desde hace más de tres años. 

Asimismo, han insistido en la necesidad de arbitrar procesos que permitan regularizar a ese personal, como han hecho países como Italia, Francia y Portugal.

"Solicitamos al nuevo Gobierno que reconozca públicamente este fraude y se regularice la situación mediante la transformación de la relación de servicios temporal en una relación de servicios fija, al amparo de la cláusula 5 del acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE como sanción al abuso de la temporalidad", insisten en su escrito.  

"Si a una empresa privada se le exige que en tres años haga fijo a sus temporales, es una contradicción que no ocurra así en las administraciones. Todos hemos pasado un proceso de selección", si "la Coca-cola planteara al cabo de 25 ó 20 años que su plantilla no está preparada y debe competir en una oposición con otros más jóvenes con el riesgo de perder su puesto sería un escándalo", ha ejemplificado Julia González Luza, presidenta de la Plataforma de Interinos del Ayuntamiento de Sevilla, tras participarn en la nueva concentración de los afectados de la Diputación durante el pleno de la institución. 

Miembros de la Coordinadora de Temporales contra el Fraude reunidos con responsables de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Estos interinos sevillanos participarán en la manifestación que se ha convocado para el 15 de febrero, a las 11:30 en Madrid, con trabajadores en idénticas circunstancias de todo el país. 

En la Diputación, los afectados por esta tasa de temporalidad, que supera el 50%, han vuelto a mostrar su inquietud porque pesar de que el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, se comprometió a "ralentizar" las ofertas de empleo y que no haya exámenes hasta que se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TSJUE), que podría afectar a las pruebas, se haya publicado la convocatoria de parte de las plazas, abriendo el plazo para presentar solicitudes, por el sistema de concurso-oposición libre. 

Está previsto que la sentencia se conozca a finales de febrero o marzo, pero no es seguro, lo que generará un problema añadido. Insisten además en que se crean falsas expectativas sobre la creación de empleo cuando, a lo sumo, se trata de sustituir a un personal por otro.

Por otro lado, recuerdan que el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo permitiría que se suspendan esos procesos, sin que caduquen, a la espera de sentencias de la UE. El Ayuntamiento de Sevilla las paralizó, ha subrayado Juan Daniel Vivián, presidente de la Asociación de de Temporales de la Diputación de Sevilla. Durante el Pleno, el grupo de Adelante preguntó al presidente sobre por qué no lo hace, aunque se remitió a una respuesta por escrito. 

En el escrito que esta Coordinadora Andaluza Contra el Fraude ha presentando ante la Subdelegación del Gobierno se recuerda también que el TJUE ya ha reconocido que distintos gobiernos, entre ellos el de España, han mantenido contratos en fraude de ley en las administraciones al concatenar contratos para cubrir necesidades que son de carácter estructural. España ya ha sido sancionada por la situación.

En 2017, el entonces Ministro de Hacienda y Administraciones Púbicas, Cristóbal Montoro, negoció un acuerdo de mejora del empleo público junto a los sindicatos mayoritarios, que estos interinos aseguran que no es solución y supone "en la práctica, un ERE encubierto".