Este lunes 26 de octubre finaliza el plazo dado por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, para concurrir a la licitación para la enajenación del edificio municipal de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, un inmueble de titularidad municipal situado en la céntrica plaza de la Concordia y cuyo destino lleva años y años sobrevolando el debate político y público de la capital andaluza.

El concurso promovido por el Ayuntamiento para enajenar del edificio parte de un precio de salida de 8.565.270 euros más IVA.

El actual gobierno local del socialista Juan Espadas promueve una recalificación del edificio para que esté destinado a usos terciarios, lo que permite desde usos hoteleros o de oficinas, a equipamientos de carácter sociocultural, sanitario o deportivo, toda vez que sobre la mesa han pesado distintas propuestas para que acoja un nuevo hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.

Los antiguos calabozos están excluidos de la licitación al estar declarados como lugar de memoria histórica y democrática de Andalucía por su papel durante la dictadura franquista.

En los pliegos del concurso figura que la mejora de las ofertas con relación al precio mínimo puede copar hasta 60 puntos del total de 205 puntos de la baremación global de las ofertas.

Otro de los parámetros a valorar hasta un máximo de 60 puntos es la dedicación del inmueble a equipamiento educativo, deportivo, de salud, de bienestar social, sociocultural, administrativo o de economía social.

La dedicación del edificio a usos hoteleros puede alcanzar un máximo de 40 puntos en el caso de proponer un hotel de cinco estrellas, con una puntuación adicional de 20 puntos más como máximo, si el proyecto de hotel incluye espacios para actividades de emprendimiento o de trabajo compartido.

Además, figura una valoración máxima de 25 puntos a aquel diseño con una mayor calidad y que proponga una mejor adaptación al entorno patrimonial en el que se localiza el edificio, figurando la posibilidad de obtener hasta diez puntos más mediante la musealización de los calabozos y hasta 30 puntos más en lo referente a compromisos de reurbanización del entorno.

El edificio en cuestión funcionó durante décadas como comisaría de la Policía Nacional hasta que fue cerrado en 2003 y después cedido por el Ministerio de Interior al Ayuntamiento.

Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque siempre sin éxito. En el mandato 2011/2015, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SIPS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.