Las agresiones a sanitarios baten récord en Sevilla con casi 500 incidentes en un año

Las conductas violentas que sufren los profesionales sanitarios siguen creciendo. Es una sensación que se respira en el ambiente, a tenor de los últimos acontecimientos, y es la principal conclusión que se extrae de la presentación de datos sobre agresiones que este jueves ha presentado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, que señalan que en 2024 aumentaron un 20% los ataques denunciados en centros de salud y hospitales sevillanos. En concreto, se produjeron 479. Son 91 más que el año anterior.

Según la información del SAS, el 21% (101) de las agresiones fueron físicas, es decir, la actitud violencia de los pacientes llegó a las manos. Por sexos, ellas se llevan la peor parte y por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Los datos sitúan a Sevilla, con diferencia, a la cabeza en este dramático ranking como la provincia andaluza donde más agresiones sufre su personal sanitario. De hecho, nunca antes se había registrado una cifra tan alta de incidentes violentos. Por detrás, pero muy lejos, se sitúa Málaga, con 69 ataques físicos y 249 no físicas. A la contra, la mejor posicionada es Huelva, según los registros oficiales, con seis agresiones físicas y 60 verbales. A nivel regional, los ataques han superado los 1.800, con más de 362 agresiones físicas. Del total, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria.

El SAS también ha informado de que durante 2024, los letrados de la Administración sanitaria han realizado 197 asistencias letrada, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado, dictándose así sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.

Pese a lo abultado de la cifra, desde el Sindicato Médico de Sevilla, su presidente de la rama de Atención Primaria, Rafael Gómez, asegura que "sólo representa aquello que el profesional quiere que se haga público, pero hay mucho más que no sale", por lo que se intuye la cifra real de agresiones podría multiplicarse. Gómez lamenta que el personal médico se esté "acostumbrando" a ciertas actitudes violentas "porque la agresividad es diaria".

En esta línea, el sindicalista lamenta la "pasividad" de la Administración y reclama la incorporación de seguridad privada en aquellos centros de salud que más sufren esta lacra, en el caso de la provincia, según el sindicato, San Juan de Aznalfarache o Lora del Río. "Los puntos de urgencia se están convirtiendo en un supermercado para adquirir medicamentos para pasar el mono del algunos. Y eso es intolerable", apostilla.

Por otro lado, también UGT ha criticado duramente el aumento de agresiones. El sindicato pone de manifiesto los resultados de la encuesta realizada donde los profesionales decían haber sido agredidos en un altísimo porcentaje al igual que han sentido miedo, en el último año, al acudir a su trabajo.

"La falta de personal, la gestión lamentable que padecemos, las dificultades para acceder a las consultas, las listas de espera y lo desprotegidos que se sienten los profesionales influye no solo en generar un ambiente crispado en los centros, sino que también hace imposible dar una asistencia medianamente aceptable", afirma al respecto el secretario regional de Sanidad UGT Andalucía, Antonio Macías.

Para CCOO, los datos hechos públicos este jueves son el reflejo de un incremento "desproporcionado" en el número de agresiones. Según afirma, Daniel Gutiérrez, de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, "nunca ha habido una cifra de agresiones registradas tan alta". "Cada día se agrenden a cinco profesionales en el SAS. Los datos reflejan que las medidas tomadas están siendo insuficientes porque las agresiones no se pueden ver como un hecho aislado del deterioro de la sanidad pública andaluza", añade.

Para el Sindicato de Enfermería, Satse, las cifras de agresiones "dejan claro que es urgente seguir implementando medidas preventivas y disuasorias para evitar las agresiones y garantizar que los profesionales agredidos reciban atención y apoyo". Entre otras, Satse reclama la puesta en marcha definitiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y la elaboración de un mapa de agresiones para identificar los centros, servicios y unidades con mayor riesgo, priorizando las intervenciones y revisando las condiciones de seguridad de los centros sanitarios.

El SAS destaca, por su parte, en relación a las medidas preventivas adopatadas, la importante apuesta por la formación y la capacitación, también es importante subrayar el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces.

Actualmente, cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad.

Por otro lado, siguiendo lo establecido en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, el SAS indica que los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas.

La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.