El alcalde levanta reparos del interventor para pagar atrasos a policías y bomberos

El alcalde de Sevilla hizo uso de la facultad legal que tiene para levantar los reparos formulados por el interventor del Ayuntamiento. Se trata de cuatro expedientes, tres de los cuales están referidos al pago de cantidades a liberados sindicales del cuerpo de Bomberos, y otro al abono de cantidades a agentes de la Policía Local, unos debitos generados en este caso por la reclasificación practicada en el cuerpo para cambiar de categoría profesional a los funcionarios, de acuerdo con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía.

Fuentes del gobierno local restaron este martes importancia al hecho de que Zoido haya optado por saltarse los pronunciamientos del interventor en contra de estos pagos. Aseguran que hay informes que avalan una decisión tomada, precisamente, para cumplir con la obligación de efectuar unos pagos debidos.

En el caso de los liberados sindicales, el gobierno entiende que no pueden dejar de cobrar las productividades que ya percibían por el hecho de pasar a ser liberados sindicales, ya que supondría un perjuicio económico para estos profesionales. Las mismas fuentes municipales precisan que hay informes de Recursos Humanos que avalan la decisión, además de sentencias del Tribunal Constitucional. El gobierno entiende que los liberados sindicales están trabajando, pero con otra función avalada y protegida por la ley. Con esta decisión, el gobierno considera que se evita una reclamación contra el Ayuntamiento en los tribunales. Y se insiste en que, "lógicamente", el alcalde no va a levantar un reparo del interventor sin contar con base jurídica para hacerlo.

Una vez que el próximo Pleno municipal tome conocimiento de los levantamientos de reparos, la Intervención General deberá remitir los expedientes al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

Entre los últimos pronunciamientos de la Intervención contra decisiones del gobierno local ha figurado la censura que hizo de la aprobación de créditos extrajudiciales por valor de casi 650.000 euros para hacer frente al pago de recibos de luz de edificios municipales, en su mayoría colegios y sedes del Ayuntamiento. Se trataba de un dinero que se abona a Endesa en concepto de indeminización patrimonial y no en virtud de ningún contrato, pues el Ayuntamiento no tiene formalizado aún el contrato de suministro con ninguna compañía, una carencia básica no solucionada por el ejecutivo de Zoido. Los informes de la Intervención General del Ayuntamiento censuraron nuevamente esta forma de proceder, pues anteriormente ya ocurrió lo mismo a la hora de abonar las facturas del alumbrado público.