La lluviosa madrugada del 30 de enero de 1998, dos tiros resonaron en la estrecha calle Don Remondo, a la espalda del Palacio Arzobispal de Sevilla. Dos personas, un hombre y una mujer, cayeron abatidos mientras los asesinos huían. Se escucharon unos gritos de alguien que llamaba a la Policía y, unos minutos después, un guardia civil de Tráfico, franco de servicio, descubría los dos cadáveres tirados en la calle. Eran el concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril Barrio, de 37 años, y su esposa, la procuradora Ascensión García Ortiz, de 38.

Secuencia del atentado de ETA en Sevilla

La pareja se había tomado unas copas con unos amigos y una familiar en el bar Antigüedades, en la calle Argote de Molina. De allí salieron a las 1:15. Fue la última vez que los vieron vivos. Unos minutos después, los asesinos los ejecutaron por la espalda. A la 1:25 llamaron a la Policía. A la 1:33 llegó una ambulancia del 061, que no pudo hacer nada más que certificar las defunciones.

Dos pistoleros de ETA les habían dado un tiro en la nuca a cada uno. Segaban así las vidas de un matrimonio que dejaba tres hijos de corta edad. En el suelo, junto a los cuerpos, quedaban los tres claveles que Ascensión traía para que los pequeños los llevaran a la mañana siguiente al colegio para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Este lunes se cumplen 25 años de aquel doble asesinato a sangre fría, el que era el segundo atentado mortal de la banda terrorista en Sevilla, después del que causó cuatro muertos en 1991 en la cárcel de la Ranilla. Todavía tendrían que actuar una vez más, en octubre de 2000, para matar al coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos en su consulta de la calle Jesús del Gran Poder.

Soledad Becerril deposita unas flores en la tumba del matrimonio Jiménez-Becerril.

Veinticinco años después del atentado, la banda lleva años disuelta y los asesinos están en prisión. Eso sí, ya todos se encuentran en cárceles del País Vasco, tras el proceso de acercamiento de presos etarras que en los últimos años ha llevado a cabo el Ministerio del Interior. Los asesinos del concejal del PP y su esposa fueron detenidos unos meses después, en marzo de 1998, en el piso franco que tenían en la calle José Laguillo, a menos de dos kilómetros del lugar del crimen.

Aquel comando Andalucía estaba formado por Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias Hankas; José Luis Barrios Martín, Txetxu; y María Teresa Pedrosa, Maituni. Los asesinos fueron los dos primeros. Barrios contó así al juez la secuencia del crimen: "Sobre el atentado contra el concejal del Partido Popular y su mujer, no hicimos muchos seguimientos, sólo les vimos una vez. Nos dirigimos contra él porque le vimos en el periódico y le reconocimos por la calle y lo decidimos. Hicimos el atentado porque Peñagaricano y yo les vimos en un bar y después pasamos a su lado y decidimos darle uno a cada uno. Yo le di a la mujer y Peñagaricano al hombre. No sabía quién era la mujer, y por nuestra seguridad, le disparamos para que luego no nos reconociera. Las pistolas no tenían silenciador y eran las que teníamos en el piso". 

La declaración de Azurmendi a la Guardia Civil aporta algunos detalles más y revela que el único afán de los terroristas era matar a alguien del PP, daba igual quién. "Durante las vigilancias a la alcaldesa reconocí casualmente a Alberto Jiménez en el bar Antigüedades. Entré en el bar y observé cómo el edil conversaba con el camarero, por lo que deduje que debía ser cliente habitual. Volvimos a la zona en varias ocasiones hasta que la noche del día 30 de enero les vimos a los dos en el interior acompañados de más personas. Yo y Txetxu entramos en el bar y después salimos y entramos en otro bar cercano desde el que podíamos ver la salida del Antigüedades. Lo vimos salir acompañado de una mujer que no conocíamos, seguimos detrás de ellos y decidimos que yo dispararía sobre Alberto; Txetxu sobre la acompañante. Les alcanzamos y disparamos ambos simultáneamente, como lo habíamos planificado, es decir yo sobre el hombre y Txetxu sobre la mujer. Cada uno realizó un disparo. Huimos corriendo y fuimos al piso que teníamos en la calle José Laguillo".

Uno de los homenajes al matrimonio asesinado en el lugar del atentado.

Los dos pistoleros fueron condenados a sesenta años de cárcel, mientras que Pedrosa fue sentenciada a diez años por conspiración para el homicidio terrorista, pues había confabulado con los otros dos miembros del comando para matar a cualquier concejal o cargo del PP. Años después, en 2013, también fue condenado un jefe de la banda, Francisco Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a 56 años de cárcel por ordenar el asesinato.

El comando Andalucía había intentado antes matar a la alcaldesa, Soledad Becerril, pero fracasó en su intento. También habían previsto matar a la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos. Por entonces, los terroristas tenían libertad para atentar contra cualquier miembro del PP, al que la banda había declarado la guerra años antes. En 1995, había matado a Gregorio Ordóñez en San Sebastián, y en 1997 a Miguel Ángel Blanco en Ermua. Jiménez-Becerril fue el noveno edil popular asesinado por ETA.

La banda tenía presencia en la comunidad andaluza desde años atrás. En mayo de 1996 había matado en Córdoba a un sargento del Ejército de Tierra, Miguel Ayllón González Díaz, con una bomba colocada en un contenedor de basuras. En 1997 había actuado en Sevilla, donde un obrero resultó herido tras la explosión de un artefacto en el edificio Cónsul, cerca de la estación de Santa Justa. En el otoño de ese mismo año cometió varios atentados en Granada y Rincón de la Victoria (Málaga).

Busto de Alberto Jiménez-Becerril en el Ayuntamiento de Sevilla.

La propia sentencia refleja la crueldad e indiferencia de los asesinos, que mataron a Jiménez-Becerril como podían haberlo hecho con cualquier otro cargo del PP. "Se actúa con frialdad y aleatoriamente, con el más absoluto desprecio por la vida. Se da muerte a Jiménez-Becerril, teniente de alcalde de Sevilla, elegido por el PP, pero en realidad era indiferente para los autores haber matado aquella noche a otro cargo del Partido Popular. Los autores no saben quién es la mujer que acompaña al concejal, a la que también deciden matar para que pueda perpetrarse sin dificultades la huida del crimen que realmente interesa, sin que importe que pueda ser la esposa del edil y que con la doble muerte vayan a poder quedar doblemente huérfanos los hijos".

El asesinato de Jiménez-Becerril y su esposa supuso una auténtica conmoción en Sevilla. Miles de personas salieron a la calle a manifestarse en repulsa del atentado y pidiendo el fin de ETA, para el que todavía tendrían que pasar algunos años más. Para lo que no pasó tanto tiempo fue para la caída del comando Andalucía, que fue desmantelado en marzo, dos meses después del asesinato del matrimonio, en una operación de la Guardia Civil que se inició en una gasolinera de Alcalá de Guadaíra y terminó en el piso franco de los etarras, en la calle José Laguillo.

El delegado del Gobierno de entonces, José Torres Hurtado, con el arsenal hallado en la vivienda. Abajo, los tres etarras detenidos.

Los terroristas habían cambiado de look y vestían de forma elegante, muy alejados del atuendo abertzale habitual. Algunos de los vecinos incluso creyeron que eran profesores universitarios o médicos. La Guardia Civil había conseguido identificar a Azurmendi en una imagen de una cámara de seguridad de la estación de Santa Justa. Tras semanas de investigación, los agentes averiguaron la dirección del piso franco. La captura de los terroristas se precipitó porque el día anterior, 20 de marzo, habían quedado en una gasolinera de Alcalá de Guadaíra con unos enlaces franceses que iban a suministrarle material. Un despiste de los franceses hizo que se le viera la pistola que llevaba, lo que motivó una llamada a la Policía desde la gasolinera y la detención de los sospechosos por parte de la Policía Nacional.

La Guardia Civil vigilaba la estación de servicio, pero no intervino. Los etarras creyeron que la Policía no los había llegado a ver en la gasolinera y regresaron al piso franco, cada uno por su lado. La madrugada siguiente, la Guardia Civil irrumpía en la vivienda. En ella se hallaron 350 kilos de amonal, cuatro subfusiles, un fusil con mira telescópica, cuatro pistolas, un revólver, temporizadores y munición.