Una brigada de la Guardia Civil de Sevilla se juega el ingreso en prisión tras denunciar corrupción
La suboficial María Serrano pide el amparo de la ley que protege a los denunciantes y asegura que ha sido "brutalmente represaliada"
Denunció hace ya casi 15 años las prácticas de un cabo del Seprona, que presuntamente asesoraba a empresas ilegales de gestión de residuos y hacía recursos para quitar multas en Mercasevilla
Los 18 pleitos de la brigada Serrano
La brigada de la Guardia Civil María Serrano denunció públicamente el pasado miércoles que se enfrenta a más de un año de prisión por denunciar la presunta corrupción en el Seprona de Sevilla. Lo hizo acogiéndose al formato de revelación pública ("que no rueda de prensa", aclaró en varias ocasiones), algo que garantiza la ley de protección a los denunciantes de corrupción, que entró en vigor en España en 2023 a raíz de una directiva europea de años atrás. Serrano compareció en un hotel de la capital andaluza, acompañada por su abogado, Jesús Díaz, y por los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tras hacer un vídeo que se hizo viral la tarde antes de su exposición. Es, desde luego, una denuncia pública inédita en la historia reciente de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al menos en Sevilla.
"Me veo obligada a estar aquí, que no me hace ni pizca de gracia, exponiéndome de la manera que me estoy exponiendo", arrancó la brigada su intervención, en la que ofreció detalles del caso que la llevó a la situación actual, casi 15 años después de que comenzara todo. La brigada, entonces sargento primera, denunció a un cabo del Seprona de Sevilla por presunta corrupción, y aseguró que la Comandancia de Sevilla lo tapó todo. No se investigó ninguna de las irregularidades, de las que responsabiliza principalmente al cabo Enrique Castillo, y a cambio se dedicó a "enterrar en vida" a la denunciante.
"Mi situación es excepcional y desafía a toda lógica, no tiene ningún sentido", expuso Serrano, que informó de que su juicio ante un tribunal togado militar previsto para los días 17 y 18 de septiembre se ha suspendido sine die. Tanto el fiscal como el denunciante le piden más de un año de prisión. "En la Justicia militar no es como en la ordinaria. Si te condenan a tres meses de prisión, tienes que entrar sí o sí", indicó la brigada, que detalló que la persona que lo denuncia es el actual general de división y jefe del estado mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora Moret, por entonces jefe de la Comandancia de Sevilla. Con este alto cargo de la Guardia Civil, Serrano protagonizó un incidente que fue sonado en su momento, cuando un tribunal militar calificó de "riña paternal" una bronca del entonces coronel.
Serrano recordó que el motivo principal de esta situación es "denunciar la corrupción en el Seprona de la Guardia Civil de Sevilla". "No me refiero a toda la unidad, en la que hay auténticos profesionales", aclaró. La brigada denunció que ha llegado a esta situación, la de estar procesada por un delito militar, porque se le ha aplicado el "derecho de guerra, el derecho penal militar" para unas funciones estrictamente policiales. "La consecuencia es que estoy siendo brutalmente represaliada, cuando los presuntos delincuentes han tenido cero responsabilidad. Es más, a uno de ellos le han dado un premio, que es ser jefe del equipo del Seprona durante años".
La brigada dice que la ley apunta a que las personas que denuncian corrupción deben estar protegidas, y "ese es el motivo principal de esta revelación pública". "Esto es sumamente importante, fundamental, no sólo que se sientan protegidas, que también. Yo tengo que sentirme protegida y estarlo. Y yo ni me siento ni lo estoy. Por lo menos hasta ahora. Espero de verdad que haya un antes y un después favorable, porque en esta historia ha habido muchos antes y después, pero el después siempre ha sido peor. Por eso espero que cesen sobre mí todas estas represalias. Busco el amparo que la ley debe darme". Sostiene Serrano que ella es el "ejemplo práctico" de que denunciar la corrupción es sinónimo de que "te entierren en vida".
Defendió su vinculación con la Guardia Civil, una profesión que es su vocación, una "institución honorable, pero en la que no caben las manzanas podridas". Por eso, cuando llegó a la unidad en octubre de 2009 ya empezó a tener problemas con el cabo primero al que después denunció. Lo define como "un grano en el culo", un "tipo que muestra una total disconformidad con cumplir cualquier orden, el típico que quiere ir por libre y hacer lo que le da la gana". En menos de un año dio parte de él y le abrieron un expediente disciplinario con sanción, que no sirvió para que cambiara su actitud.
En junio de 2012, al llegar un nuevo teniente, éste le dijo que se olvidara de todo lo que había ocurrido antes y que fuera ella la que educara al cabo y los guardias. "Pensé que había una cámara grabando, que estaba en el programa Inocente, inocente, pero tristemente no era así. Poco después llegaron dos notas informativas de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, que estaba investigando delitos cometidos por empresas y trabajadores que gestionaban los residuos de forma ilegal. Como principal investigado estaba "un superamigo del cabo Castillo". "Le echaron el guante y, cuando lo imputaron dijo que llamaran al cabo Castillo del Seprona de Sevilla, que era amigo suyo y que era el que les asesoraba, pero no se investigó nada. Todas estas empresas de gestión ilegal de residuos funcionaban en Sevilla. Hice un informe, pero fue guardado en un cajón".
Paralelo a este asunto, hubo otras presuntas irregularidades en Mercasevilla, que también motivó un "informe demoledor" de la entonces responsable del Seprona. "Había mucho dinero por medio", dice la brigada. Mercasevilla era denunciada, muchas veces por el cabo bajo sospecha, por el tamaño irregular de los pescados. Sin embargo, era el propio cabo el que era propuesto como testigo por la empresa y el que hacía luego los recursos y pliegos de descargos para la empresa. "Qué cosa más rara, ¿no?, El cabo hacía las denuncias y luego las quitaba. Hablamos de expedientes sancionadores de 30.000 y 60.000 euros. Y de ahí para arriba". En el ordenador del cabo se encontraron recursos hechos por él desde el año 2000. "Este hombre lleva décadas haciendo esto, pero todo el mundo mira para otro lado. Yo no lo hice, y por no tolerarlo y cumplir con nuestras obligaciones, me están enterrando en vida".
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