Hacer un análisis de las viviendas con fines turísticos para aproximarse a la oferta de alojamientos clandestinos existentes en la ciudad es la principal finalidad del estudio que encargará el Consorcio de Turismo a una empresa antes de que termine agosto. Un fenómeno que empieza a generar malestar en las zonas que cuentan con un gran atractivo turístico por las afecciones que provocan en la vida cotidiana de los vecinos. La intención es aplicar las medidas de ordenación y regulación urbanísticas que se propongan tras la investigación.

Uno de los aspectos más interesantes del informe será establecer las principales zonas en las que se ubican los alojamientos turísticos -el casco antiguo, Triana y Nervión- y las especificaciones de la presión turística mensual y total generada según la población censada por distrito, diferenciando entre las viviendas con fines turísticos y la no regulada. Sobre la mesa de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo se encuentra la proposición de limitar el uso de estas viviendas privadas como alojamientos turísticos por calles. Un ejemplo es crear una limitación de coeficiente por bloque de vivienda. Uno de los barrios que más preocupa a los expertos municipales es Triana. Este formato ya es utilizado en otras ciudades del país. El estudio aún se encuentra en la fase embrionaria.

Otro de los puntos importantes que desarrollará el estudio es una encuesta a residentes con la finalidad de diagnosticar el grado de perturbación que las viviendas con fines turísticos están generando en los vecinos. Para ello, la muestra debe estar compuesta por el conjunto de personas que de forma directa reciban la perturbación de estos alojamientos. En la Delegación de Hacienda se trabaja en otra fórmula que afecte al bolsillo de los dueños de las viviendas clandestinas. La intención es realizar una discriminación con una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Es una forma de penalizar al propietario que utiliza su casa particular para fines turísticos. Esta es otra medida ya utilizada en otras urbes.

El informe incluirá un análisis de la situación y tendencias turísticas en relación con las viviendas turísticas a nivel nacional y andaluz, así como los rasgos y características de su oferta, demanda y funcionamiento; identificará las virtudes y problemáticas que generan el auge de estos alojamientos en las ciudades y el sector; y dimensionará la oferta de viviendas con fines turísticos existentes en Sevilla y definirá sus características más identificativas. El estudio, además de acercarse a la oferta regulada existente, deberá estimar el impacto de la oferta no regulada que opera de forma sumergida. No será lo único. Estimará el precio medio y los ingresos mensuales. El documento finalizará con un diagnóstico del fenómeno en la ciudad, así como reflexiones y propuestas para su regulación del fenómeno en el contexto de competencias urbanísticas municipales.

El estudio encargado por el Consorcio de Turismo, que cuenta con un presupuesto de 10.000 euros (sin IVA) y deberá estar entregados tres meses después de la adjudicación, se realiza después de las cifras aportada por la Junta de Andalucía. Sólo en Sevilla capital hay actualmente 1.127 apartamentos turísticos regularizados (dato de junio de 2017), casi un 50% más que en el primer semestre de 2016, y el doble que hace cinco años. A esto se suman los pisos o viviendas con finalidad turística, un total de 2.153, según los registros de la Consejería de Turismo y Deporte. Estos últimos no contaron con una normativa en Andalucía hasta el pasado año. Según el informe El turismo en Sevilla, con fecha de junio de 2017, en la capital hay 1.127 apartamentos con 3.899 plazas, que generan 342 empleos directos. El número de apartamentos se ha duplicado en la ciudad con respecto a 2012, cuando sólo había 581. En este periodo también han aumentado de forma considerable el personal ocupado (un 171,5% más) y las plazas (casi un 127%).