Más de 40 delitos informáticos se denuncian ya al día en Sevilla, que como el resto de España parece sufrir una auténtica fiebre de la cibercriminalidad. Las estadísticas no paran de crecer hasta alcanzar cifras de récord en todo el país, donde los delitos relacionados con las nuevas tecnologías suponen ya más del 16% de todos los hechos delictivos conocidos.

Según el informe de cibercriminalidad correspondiente al año 2022, en la provincia de Sevilla se denunciaron 14.590 delitos cibernéticos. Esta cifra supone un aumento de casi el 30% con la del año anterior, que fue de 10.357. Desde que se contabilizan estos datos, el cibercrimen ha ido en aumento. En 2020 fueron 9.630 casos; en 2019, 7.134; en 2018, 4.442; en 2017, 3.615; en 2016, 2.939; y en 2015, 2.691. Es decir, los delitos se han multiplicado por seis en los últimos siete años.

La gran mayoría de las denuncias corresponden a fraudes informáticos, capítulo que engloba los distintos tipos de estafas cometidas mediante las nuevas tecnologías, tanto bancarias como con tarjetas de crédito, de inversores o informáticas. En toda España, de los 374.737 hechos conocidos, 335.995 (es decir, el 89,7%) fueron fraudes. La tasa de esclarecimiento de estos delitos sigue siendo muy baja, con sólo un 14,6%.

Muy por detrás de las estafas van las amenazas y coacciones, que representan un 4,3% de los casos; los accesos e interceptaciones ilícitas, que fueron un 1,5%; los delitos sexuales (0,4%); las interferencias en datos y sistemas (0,4%) y los delitos contra el honor (0,3%).

Sevilla es la cuarta provincia más afectada, con sus 14.590 delitos. Está por detrás de Madrid, que lidera la serie (con 63.758), Barcelona (46.513) y Valencia (18.354). Alicante (13.075), Málaga (11.863), Vizcaya (11.277), Cádiz (10.306), Murcia (9.971) y Baleares (8.701) completan la lista de las diez provincias con más casos. 

Por comunidades, Andalucía es la tercera más afectada, con 56.908 delitos. La primera es Cataluña (63.877), seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid (56.908). La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto puesto, ya a mucha distancia (34.005) y Castilla y León el quinto (21.302).

La mayoría de las víctimas pertenecen a la franja de edad de 26 a 40 años, seguidas de cerca por las de 51 a 64. Hay más mujeres que hombres entre los afectados. La gran mayoría de los mismos son de nacionalidad española (87,2%). Entre los extranjeros, son los marroquíes y rumanos los que sufren más estos delitos, algo lógico por tratarse de las nacionalidades más numerosas en España.

Interior distingue el concepto de víctima, que es una persona, del de victimización, pues una persona puede sufrir varios delitos. En 2022, las victimizaciones registradas por las Fuerzas de Seguridad en España suman 298.319, lo que supone un 24,2% más que el año anterior. El comportamiento de las víctimas incluidas en el grupo de menores de edad no sigue el patrón o el modelo de las víctimas mayores de edad. Los menores son más vulnerables a otro tipo de hechos, como las amenazas y coacciones y los delitos sexuales.

Igualmente, en el estudio se consignan datos detallados de las victimizaciones según el sexo de la misma.  De ellas, el 49,99% son hombres y el 50,01% mujeres. Como primera diferencia, se aprecia que las victimizaciones de mujeres son cuantitativamente superiores en las franjas de edad comprendidas hasta los 50 años, siendo la de hombres superiores en el resto de grupos de edad. 

Ambos sexos comparten una característica común ligada al hecho de que la ciberdelincuencia sexual tiene la más amplia incidencia en los menores de edad, siendo los valores más altos en los del sexo femenino. Otra característica en los mayores de 65 años es que sufren más los fraudes informáticos, fruto de su escasa destreza o familiarización con las nuevas tecnologías.

En cuanto a los detenidos, la gran mayoría son hombres de 26 a 40 años. El 76,9% de los mismos son españoles y el 23,1% restante son extranjeros. Entre ellos, la nacionalidad más predominante es de nuevo la marroquí, con un 3,3% de los detenidos o investigados. Le siguen la República Dominicana, con un 2%; Colombia, con un 1,7%; y Rumanía, con un 1,6%.

El informe, publicado por el Ministerio del Interior, forma parte de un conjunto de medidas que el Gobierno español pretende implantar para luchar contra la cibercriminalidad, dentro de una estrategia global europea para crear un espacio digital más seguro y abierto. Entre los objetivos de este plan están proteger los derechos fundamentales de todos los usuarios de los servicios digitales, establecer condiciones equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad y realizar un análisis del coste que suponen las amenazas cibernéticas.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN 2021), aprobada el 28 de diciembre de 2021, define dos tipos de amenazas existentes en el ciberespacio. "Por un lado, los ciberataques, entendidos como acciones disruptivas que actúan contra sistemas y elementos tecnológicos. Ejemplos de ello son los ataques de ransomware (secuestro de datos) o la denegación de servicio, entre otros. Y, por otro lado, el uso del ciberespacio para realizar actividades ilícitas, como el cibercrimen, el ciberespionaje, la financiación del terrorismo o el fomento de la radicalización", apunta el informe.

La importancia que se le otorga a la ciberseguridad en esta Estrategia es patente. "En términos de ciberseguridad, se requiere garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y promover el progreso socioeconómico. Para ello, es importante incrementar las capacidades (tecnológicas, humanas y económicas) de la ciberseguridad nacional dirigidas a la prevención, detección, respuesta, recuperación, investigación y defensa activa".

El ciberespacio es considerado como uno de los espacios comunes globales junto al marítimo, aéreo y terrestre. Otro aspecto destacado en la Estrategia de Seguridad es el relacionado con la desinformación, que conlleva fuertes implicaciones para la ciberseguridad.

Los ciberdelitos, por provincias.

En cuanto a las principales amenazas relacionadas con la cibercriminalidad, el informe de Interior cita las conclusiones que extrae Europol, entre las que destacan las siguientes afirmaciones: El ransomware se ha aprovechado de las vulnerabilidades del teletrabajo; el aumento del mercado online lleva aparejado un incremento de las actividades intrusivas informáticas, como phising, robos de identidad, banca online, etc.; creciente venta de productos médicos falsificados, como consecuencia de la pandemia generada por el covid-19; la pandemia ha provocado un mayor acceso de la población infantil a contenidos en línea, con los riesgos que ello conlleva; y el comercio y la venta de datos privados, al amparo de accesos ilegales informáticos, es un mercado floreciente.

En Sevilla se está dando ahora con fuerza la estafa conocida como la del hijo en apuros, mediante la que los timadores se hacen pasar por el hijo o la hija de la víctima y le escriben desde un nuevo teléfono móvil, asegurando que el suyo se le ha roto. Luego le cuentan que se encuentra en una situación apurada y necesita urgentemente que le haga una transferencia de dinero. No admiten llamadas y alegan la extrema urgencia del caso. Siempre hay que desconfiar de mensajes de este tipo, que suelen entrar por SMS y que luego indican al usuario que los recibe a que siga la conversación en WhatsApp.