Los comerciantes creen que una Justicia más rápida, con menos burocracia y papeleo y menos pasos intermedios que seguir cada vez que se denuncia algún delito, serviría para reducir drásticamente el número de robos que padecen a diario en sus tiendas. Sobre este planteamiento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado una propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que va a trasladar en las próximas fechas al Gobierno central. Los comerciantes de Sevilla, y de toda España, están siendo muy castigados en los últimos años por dos tipos de delitos principalmente: los hurtos y los robos con fuerza, especialmente los alunizajes.

La patronal cree que el sistema actual de notificaciones y ejecución de sentencias actual es “ineficaz por su complejidad y obsolescencia”. Tomando como referencia los datos de 2019, los empresarios apuntan que cada año se registran en España unas 700.000 denuncias por hurto. De ellas, únicamente llegan a juicio el 10%, es decir, unas 70.000. Y de éstas, sólo 7.000 terminan con sentencias ejecutadas, en las que el condenado paga la multa o cumple la pena. Es decir, sólo un 1% de las denuncias terminan ejecutándose. Como la multa media al denunciado suele ser de 170 euros, el Estado deja de ingresar anualmente unos 120 millones de euros por no cobrar estas penas.

El proceso actual, sostienen los comerciantes, tiene cinco pasos que se alargan en el tiempo. La mayoría de los hurtos se consideran delitos leves. Tras la celebración del juicio, se dicta una sentencia, que se puede recurrir en un plazo de cinco días. Una vez firme, se informa al condenado de la cuantía de la multa y/o de la indemnización, así como del plazo para pagar. Si el condenado no cumple, el juez fija un nuevo plazo para pagar. Si vuelve a haber un incumplimiento, se realiza una averiguación patrimonial. Si el condenado tiene bienes, se le embargan. Si no los tiene, se sustituye la multa por pena de prisión, localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. Si no se localiza al denunciado, la pena prescribe al año.

Estado en que quedó el escaparate de una tienda de motos de la Carretera de Carmona, tras sufrir un alunizaje.

En la práctica, esto supone una vía de escape para los hurteros, muchos de los cuales pertenecen a bandas organizadas que actúan de manera itinerante por distintas provincias españolas, de manera que es difícil que se les notifiquen las sentencias y que terminen pagando. Los comerciantes proponen que los pasos de este proceso se acorten y pasen de cinco a dos. Para ello sería necesario que se pueda emitir una sentencia de delito leve in voce, es decir, en el mismo acto del juicio. Una vez dictada, el plazo para pagar que plantean los empresarios es de 30 días, y la prescripción pasaría de uno a cinco años.

La clave está en la sentencia in voce. Si el denunciado asiste a juicio y reconoce los hechos, se dicta sentencia, que sería firme si el condenado está conforme. A partir de ahí comienza el plazo de treinta días para pagar la multa o indemnización. Incluso se incluye una reducción de la misma si se abona dentro de los primeros quince días. En el caso de que el denunciado no asista al juicio, la patronal pide que se sigan los trámites de sentencia in voce, que se dictaría teniendo como verídico el atestado policial.

Si el acusado acude al juicio y no reconoce los hechos, se celebraría la vista y se le notificaría la sentencia telemáticamente, indicando el plazo para recurrir y las prohibiciones que tiene en vigor de forma cautelar. En caso de que no se le pueda notificar en las señas dadas, se daría por notificada la sentencia publicándola en el Boletín Oficial del Estado.

Carteles de empresas de seguridad privada en calles del centro.

Todo este proyecto pretende agilizar las ejecutorias reduciendo los trámites y buscar la efectividad de las sentencias y garantizar el cumplimiento de las mismas. La CEOE plantea en el documento elaborado una propuesta de redacción del artículo 937 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que articularía legalmente toda esta iniciativa.

El proyecto de los empresarios pasa por que la ejecución de las sentencias entren en vigor en el momento en que se les notifica la resolución a los condenados por cualquier vía. Una de las alternativas que puede servir para una notificación inmediata es el correo electrónico. Otra de las opciones que se incluyen en el documento es que todos los delitos leves sean enjuiciados en juicios rápidos. Con ello, aseguran los ideólogos de este proyecto de reforma de la ley, se conseguiría que en la práctica no sólo se realicen juicios inmediatos para los hurtos flagrantes, sino para todos los supuestos que ya recogía la ley, como son los delitos leves de lesiones o maltrato de obra, hurto flagrante, amenazas, coacciones o injurias.

Base de datos única y denuncias telemáticas

Además de la agilización en la ejecución de las sentencias, los empresarios proponen otra serie de objetivos que dotarían de mayor eficacia al sistema judicial y policial. Uno de ellos es la digitalización. Para conseguirla, sería necesario crear una base de datos con todos los antecedentes penales y policiales, así como las resoluciones y sentencias pendientes de notificación y ejecución. Esto serviría para una mayor coordinación entre las Fuerzas de Seguridad y la administración de Justicia. Lo que la patronal pretende es que se puedan, “de forma ágil y sencilla, alojar documentos firmados electrónicamente por el letrado de la administración de Justicia, juez o fiscal que se encargue de la instrucción”.

Así, la Policía y los juzgados conocerían los antecedentes y asuntos pendientes del sospechoso, para tomar las decisiones oportunas, se podrían reducir plazos y trámites de requisitorias sin necesidad de detención, se agilizarían las notificaciones pendientes en el momento en que se identifique a la persona buscada, se enviaría digitalmente al juzgado la diligencia practicada, se actualizarían los datos necesarios para futuras intervenciones y se unificarían en una única comisaría o juzgado todos los casos de bandas organizadas o multirreincidentes para su tramitación y enjuiciamiento.

Policías locales de Sevilla, junto al Ayuntamiento.

La propuesta de los empresarios permitiría a la Policía conocer las notificaciones entregadas y sentencias pendientes de ejecutar de una determinada persona, y no solo las requisitorias y averiguaciones de domicilio emitidas por un juzgado. Así, se le puede detener y dar en comisaría una copia de todo lo que tenga pendiente. Para atajar el problema de la multirreincidencia, una idea que proponen los comerciantes es la de que se acompañen todos los antecedentes penales y policiales en todos los procedimientos.

Otro eje del proyecto es la potenciación de la denuncia telemática. Actualmente, se puede presentar una denuncia por teléfono o por internet, pero alguien tiene que acudir a firmarla. Si no, carece de validez. Esto, en un mundo cada vez más digital y en el que la firma electrónica está cada día más extendida, carece por completo de operatividad. La patronal quiere que todas las comunicaciones por vía telemática o digital, a través de correo electrónico o mensajes al teléfono móvil, sirvan para notificar, sin tener que buscar al denunciado o sentenciado en domicilios que no existen. Si alguien no quiere dar su teléfono o correo, se le informará por el Boletín Oficial.

La Mesa del Comercio Seguro

El pasado miércoles se produjo una nueva reunión de la Mesa del Comercio Seguro de Andalucía, en la que se trató la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ha elaborado la CEOE. Participó en ella como invitado Joseba Campos, encargado de las cuestiones jurídicas en la patronal y uno de los artífices del proyecto.

Álvaro González Zafra, secretario general técnico de CAEA.

Esta mesa, creada por la Junta de Andalucía, comenzó sus reuniones el 18 de septiembre, y que está compuesta por la administración autonómica, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos, empresarios, sindicatos, la Fiscalía y el Poder Judicial, entre otros agentes. El representante de la patronal de empresas de alimentación y perfumerías (CAEA), Álvaro González, destacó el clima de entendimiento y el apoyo que las autoridades están prestando a los comerciantes.

La caída de la criminalidad por la pandemia

Los robos con fuerza en comercios e instalaciones llevaban años creciendo con cierta intensidad en Sevilla. Sin embargo, han sufrido una caída drástica en este 2020. En los nueve primeros meses del año, se registraron en la capital andaluza 1.503 robos con fuerza, lo que supone un 28,7% menos que durante el mismo periodo del ejercicio anterior, en el que hubo 2.107 casos.

Más fuerte aún es la bajada de los hurtos, que caen un 42,5% entre un año y otro. Pasan de los 13.494 registrados en los primeros nueve meses de 2019 a los 7.759 del mismo periodo de 2020. Siguen siendo la modalidad delictiva más común en la capital andaluza, pero reducidos casi a la mitad.

Obviamente, estas estadísticas –que forman parte del balance de criminalidad que cada trimestre publica el Ministerio del Interior– están muy condicionadas por la pandemia del coronavirus. Hay que tener en cuenta que ha habido unos dos meses de primavera con los comercios no esenciales cerrados al público, y por tanto sin género ni dinero que robar. De hecho, hasta que se declaró la pandemia, todos los indicadores habían subido y llevaban varios años haciéndolo.

A pesar de esta bajada, los comercios de Sevilla han sufrido este otoño una ola de alunizajes, con numerosos asaltos a perfumerías, almacenes de jamones y embutidos, tiendas de ropa deportiva, de bicicletas e incluso de motos. La Policía Nacional ha creado incluso un grupo específico para combatir a los aluniceros, formado por nueve agentes.

Mientras este grupo echaba a andar, sus compañeros del mismo cuerpo y de la Policía Local han detenido un par de bandas de aluniceros muy activas: la del BMW y la del Pintilla. La primera cayó después de una persecución tras el asalto a una perfumería próxima a la Carretera de Carmona. La segunda lo hizo después de un robo en una tienda de deportes.